Organización y lucha en torno al agua

Marco Cedillo Cobos

La vida cotidiana comunitaria dedica mucho tiempo a mingas, sesiones, capacitaciones, comisiones, resolución de conflictos, entre otros. Indudablemente, el esfuerzo de la gente no siempre alcanza para conseguir las condiciones de vida anheladas; sin embargo, los aproximadamente diez mil sistemas comunitarios (consumo humano y riego) permiten que el 45% de la población ecuatoriana acceda al agua. Para ellos, “el agua es poder y dinamiza la economía. Si nos quitan la gestión del agua acabarían con la organización comunitaria”, dicen. La importancia del trabajo de las juntas de agua se evidencia en los siguientes ejemplos:

Comunidad La Clementina, en Pelileo
Durante años, los comuneros-as de La Clementina (Tungurahua) perdían buena parte de sus cultivos debido a la escasa agua que llegaba a los terrenos. Había suficiente pero ésta, al estancarse en el canal, se desbordaba. Miembros de la junta de agua caminaban hasta cuatro horas, cerro arriba, para limpiar el canal. Equipados con palas y linternas, reptaban dentro del túnel, por más de trecientos metros, empujando el lodo, piedras, animales muertos y ramas, hasta restablecer el flujo del agua.

“Era un trabajo riesgoso y mucha gente no quería hacerlo”, recuerda Ángel Chicaiza. Por eso, la comunidad buscó apoyo económico para elevar 30 centímetros las coronas de los túneles. Esta acción, gestionada y ejecutada por ellos, mejoró el uso y manejo del agua de riego para 460 habitantes, lo que aumentó la productividad por m² de terreno.

Barrio La Vaquería, en Quito
“Consumíamos agua de lo que un monte escurría; teníamos abrevaderos a campo abierto, ahí nos bañábamos y lavábamos la ropa. A finales de los años 70, la Emaap construyó el Proyecto Pita-Tambo y nos contaminó la quebrada. Nuestros mayores pidieron a la Empresa que les deje una llave de agua pero no aceptó.

Asimismo, pidieron que les construya un sistema de agua con sus vertientes y les respondieron que como son cuatro indios que sigan nomás así, sin agua, pues no les era rentable. Eso había motivado a organizarse a nuestra gente, a concesionar el agua (MAGAP: 1977). Existía una fuerte preocupación porque el agua de la quebrada estaba contaminada.

“Encontramos unas vertientes desde donde cargábamos agua para la comida. Por los años 80, el directorio consigue ayuda del IEOS para constituir la junta de aguas. Nuestro afán por tener agua era tan grande que acarreábamos tubería de asbesto que estaban cambiando en Uyumbicho…”, narran los integrantes de la Junta.

Treinta años después, La Vaquería tiene un equipo que opera, mantiene, repara y mejora el sistema; clora el agua, elabora las cartas de pago, recauda las cuotas y administra la contribución de comuneros-as. Cada usuario aporta mensualmente USD 1.70, distribuido así: 1 dólar por 15 m³ de consumo de agua; USD 0,20 para el fondo mortuorio y servicio de funeraria; USD 0,50 para mejoramiento del barrio. Los dos primeros rubros los maneja la Junta, mientras el tercero se entrega a las directivas barriales.

En La Clementina anhelan aumentar y diversificar la producción agrícola y mejorar los sistemas de comercialización. La gente de La Vaquería sueña con un proyecto de ecoturismo. Ambas experiencias tienen similar motivación: aportar para mejorar sus condiciones de vida. Las resaltamos porque la elaboración de la normativa post Constitución, como la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, demanda el reconocimiento apreciativo de los directamente involucrados. Al respecto, Alberto Acosta alerta sobre la ausencia de una “pedagogía democrática”. El 17 de junio pasado, las juntas marcharon por las calles de Quito.

En el Palacio Presidencial y en el “Congresillo”
Al grito de “el agua no se vende, el agua se defiende” más de mil integrantes de las juntas llenaron la Plaza Grande. Una Comisión (cinco delegados) fue recibida por Jorge Jurado (SENAGUA ) y por varios asesores del presidente Correa. Mientras el diálogo se cumplía, el grueso de la delegación avivaba a sus dirigentes, atendía a los medios de comunicación, y se entusiasmaba con las coplas entonadas por un grupo de comuneros.

Las juntas pidieron ser reconocidas como sistemas comunitarios; una sola autoridad del agua; tarifa mínima de consumo acordada entre la comunidad y la autoridad; participación en la gestión y administración de cuencas; reconocimiento del Derecho comunitario; protección de las fuentes de agua; 360 días de plazo para canjear las concesiones a autorizaciones del uso y aprovechamiento del agua, una vez que se apruebe la nueva ley.

Acompañada de dos autoridades del Gobierno, la Comisión volvió a la concentración y se posó ante sus bases. Megáfono en mano, Jorge Jurado, luego de reconocer el importante aporte de las juntas para que la población acceda al agua potable y de riego, resaltó la apertura de la SENAGUA para acoger los planteamientos de los campesinos e indígenas. Respecto de la autoridad única del agua manifestó: “hay límites que debemos observar desde otros planos. Existe una política del Gobierno de manejar el agua con otros subsectores, y eso también debemos aceptarlo”. Lo importante, enfatizó, es que sepan que estamos abiertos al diálogo con todos los usuarios del agua y en ese proceso las juntas juegan un papel preponderante. “Existen altas posibilidades de que muchos de sus planteamientos se integren en la nueva ley”, concluyó.

Luego de los aplausos, la marcha encaminó hacia el “Congresillo”. En la parte posterior del ex Congreso Nacional, se conformó una delegación para que exponga la propuesta ante los asambleístas, entre los cuales estaban Jaime Abril, titular de la Mesa de Salud y Ambiente, y Fernando Cordero, presidente de la Comisión de Legislación y Fiscalización, quien dio la bienvenida a la delegación.

Apoyados en un material en power point los delegados de las juntas presentaron a su organización y demandaron que las autoridades e instancias gubernamentales realicen las acciones necesarias para garantizar el derecho humano al agua y la soberanía alimentaria de la población ecuatoriana.

Fernando Cordero manifestó que la “Ley de Aguas” será producto de un trabajo colectivo, con amplia y activa participación ciudadana. “Creo que el tema del agua será una razón poderosa para unirnos más”, dijo. Ofreció invitar a las juntas a la socialización del proyecto de ley o que, incluso, algunos asambleístas irían a las comunidades para debatir sobre su contenido. Asimismo, Cordero recordó que “Según la Constitución el agua es un derecho fundamental y por ningún concepto podrá ser privatizada. El agua es uno de los elementos cuantitativos y cualitativos para alcanzar la soberanía alimentaria.”.

Las JAAPRE se mantendrán vigilantes
Al concluir la medida, hombres y mujeres de las Juntas de agua de siete provincias mostraban distintos estados de ánimo (además de cansancio por la vigilia). Unos confiaban que su planteamiento se incluirá en la ley; otros se preguntaban: “… si tantas ganas de dialogar tienen ¿por qué el proyecto de esta ley lleva cuatro versiones y no se ha puesto lo que proponemos?”. Por lo tanto, aseguraron que vigilarán de cerca el proceso. “Hemos de venir las veces que sean necesarias; si las cosas no se dan, no sé lo que pueda pasar”, manifestó Rafael Guallichico.

Linchamiento no es sinónimo de justicia indígena

Las imágenes que comúnmente muestran los medios de comunicación masiva en las cuales una turba enardecida, armada de palos y látigos, acosa y castiga a un supuesto infractor, no es justicia indígena. Es, más bien, un indicio de la desconfianza que un alto porcentaje de la población ecuatoriana mantiene frente a las instituciones que tienen la responsabilidad de administrar justicia.

Los “linchamientos” han sucedido desde hace muchos años y a nivel nacional, especialmente donde el Estado no actúa o está ausente. Según estadísticas del Centro de Documentación de la CEDHU (1991-2008), este fenómeno ha ocurrido, principalmente, en sectores urbanos o rurales con presencia de población mestiza, en Tungurahua, Pichincha, Manabí, Cotopaxi y Chimborazo. Como actores principales aparecen grupos de taxistas, y población en general especialmente familiares de los afectados. Es decir, no ocurren solo en las comunidades, como se quiere hacer creer.

La justicia indígena pasa por un proceso de largas jornadas de debate y reflexión sobre las acciones a tomar, escuchar la versión de los implicados, la importante participación de la organización comunitaria y, especialmente, el sentido de recuperar la armonía de la comunidad.

Andrés Guerrero , en el artículo: “Los Linchamientos en las Comunidades Indígenas”, habla del sentido “performativo” de estos sucesos que buscarían captar la atención de autoridades y, posiblemente, emitir una advertencia para quienes acostumbran atentar contra estos grupos sociales. Esta situación explicaría el por qué muchas veces las cámaras y micrófonos cubren lo que la Policía ni se ha enterado; estrategia que transforma un asunto local en un acontecimiento nacional.

Indudablemente, al ser un tema no tan fácil de entender requerirá de mucha sensibilidad, apertura y compromiso para lograr acuerdos y establecer mecanismos eficientes y eficaces que destierren las prácticas atentatorias a la vida de las personas. A continuación, una estadística sobre nuevos linchamientos ocurridos este año:

Las Ferias Agroecológicas construyen la soberanía alimentaria

Marco Cedillo Cobos

El 15 de marzo pasado, en el parque La Carolina, se realizó la “Segunda Feria Agroecológica Arte y Cultura”, en la cual pequeños productores de provincias y Quito, integrados en el Colectivo Agroecológico, ofrecieron hortalizas, verduras, frutas, granos secos y variadas artesanías; productos elaborados como lácteos, apícolas, golosinas tradicionales, pan de yuca, quinua, jabones, cremas artesanales. Asimismo, los expositores facilitaron información sobre agroecología, agricultura orgánica, semillas, huertos urbanos y construcciones alternativas. La sección arte y cultura presentó espacios para el aprendizaje y la diversión en familia. Además, el público disfrutó de música, danza, títeres y juegos populares.

A través de pancartas y otros materiales se explicó el alcance de la iniciativa: promover un intercambio cultural entre productores y consumidores, cuidando que prevalezcan valores como la solidaridad, aprendizaje mutuo y la reciprocidad; con productos de calidad y a precios más convenientes. La cordialidad de los feriantes, colorido de los productos y el intercambio de experiencias animaron el encuentro campo-ciudad. El público se mostró satisfecho porque, según dijeron varios consultados, quienes vendían sabían explicar el origen, preparación y uso de los alimentos y productos. Estas ferias, que se replicarán con más frecuencia y en espacios locales, son resultado de un tesonero trabajo realizado por pequeños productores del campo, consumidores organizados de la ciudad y varias ONG que promueven la reflexión más amplia sobre la soberanía alimentaria.

Colectivo Agroecológico: democratizar el acceso a los alimentos
El Colectivo está integrado por PROBIO, CEA (Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología), UTOPÍA y la RGS (Red de Guardianes de Semillas). En general, los miembros de esta organización comparten el concepto que Cecilia Ponce (PROBIO) tiene sobre la agroecología: “una propuesta que, basada en una relación de respeto y armonía con la naturaleza, integra sistemas de producción, consumo y de distribución, construidos con lógicas, mecanismos y valores diferentes a los del libre mercado”, y el significado de soberanía alimentaria: “es ingerir alimentos que no enfermen, ni contaminen el agua ni al suelo; tener el pan para todos y todas; respetar la tradición, la cultura y la producción campesina; decidir –participativamente y mediante políticas públicas-, lo que deseamos comer; proteger al pequeño productor y revalorar su trabajo; cumplir el derecho humano a una alimentación adecuada y a no padecer hambre”.

Una importante actividad de PROBIO es la certificación participativa a través del cumplimiento de estándares de calidad tomados de organismos internacionales y otros acordados en el grupo. “Los mismos productores solicitan visitas a sus chacras; si es que la Veeduría considera que algún producto no es agroecológico, no recibe la certificación”, explica Ponce.

Javier Carrera (RGS) manifiesta que la Red recupera la memoria histórica sobre las semillas y el conocimiento asociado (uso, cuidado y cultivo). “Encontramos guardianes de semillas en Ecuador y en el Sur de Colombia y los conectamos con una red que potencia su trabajo. La idea es que las semillas ancestrales, nativas y las que llegaron después, no se pierdan y, sobre todo, sean utilizadas por los agricultores y consumidas por la población. Tenemos setenta guardianes y casi 1.000 productores de semillas”. Así han recuperado semillas como las del maíz negro, canguil rosado y el blanco; papa: la chola antigua, cacho de toro, yema de huevo; arroz: gallinazo negro, tres hombres, puyón. Carrera dice que casi todas las plantas que se cultivan comúnmente tienen variedades nativas superiores en lo nutricional y medicinal: “se adaptan mejor al clima y son más resistentes a las plagas; eso disminuye el uso de químicos y mejora la calidad de los productos”, acota.

La CEA también integra este Colectivo y trabaja en el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades locales, para lo cual desarrolla un programa de formación de técnicos y promotores campesinos con el propósito de construir, con ellos, metodologías adecuadas para manejar sustentablemente los “agroecosistemas locales”. De igual forma, el documento fundacional del Colectivo Agroecológico afirma que junto a UTOPÍA funcionan tres programas: Canasta Comunitaria de Riobamba, sesenta familias; Canasta Comunitaria de El Carmen-Quito, ciento diez familias; Canasta Comunitaria de Otavalo, 34 familias. A su vez, conforman la “Red Tierra y Canasta”, y se relacionan con consumidores de otras provincias.

Mediante giras de observación, visitas cruzadas, talleres, fortalecimiento organizacional, mesas de mercados locales, encuentros de socialización y sistematización de experiencias el Colectivo Agroecológico dinamiza la participación de actores locales e incide políticamente para fortalecer el tejido social con los pobres del campo y la ciudad. Estas redes benefician a consumidores y productores: los primeros, porque integran en su dieta productos frescos, sanos y más baratos; los segundos, porque mejoran sus ganancias al evitar a los intermediarios. Gana el país porque construye su identidad alimentaria y culinaria.

Elevar la producción para atender una potencial demanda
Conociendo que el consumidor ecuatoriano prefiere los frutos de semillas ancestrales, para Javier Carrera es fundamental conseguir que éstas ingresen al circuito de comercialización, de modo amplio y sostenido, para que los productos pasen del agricultor al consumidor. Por supuesto, antes habrá que mejorar y ordenar el uso de semillas, pues “quienes controlan el mercado, grandes empresas o pequeños intermediarios, prefieren productos logrados con semillas comerciales, en detrimento de la agroecología”. A pesar de las dificultades, existen iniciativas funcionando, y con muy buenos resultados; ejemplo: las ferias agroecológicas, las experiencias de campesinos en Cañar y Tungurahua, las canastas comunitarias en diversos sectores del país, o la “Cooperativa Zapallo Verde”.

Una vez que se consiga elevar la capacidad productiva y de comercialización de los pequeños productores, el siguiente reto será enlazarlos a programas sociales y/o gubernamentales, especialmente aquellos que trabajan con niños y jóvenes, pues demandan muchos alimentos, son permanentes y disponen de estructuras y ciertas tecnologías instaladas. Ventajosamente, el Colectivo Agroecológico ha acumulado experiencia y establecido una base social que podría facilitarle el asumir desafiantes retos. Actualmente, coordinan acciones con el “Programa Aliméntate Ecuador” para definir mecanismos de mutuo apoyo.

La mencionada y otras alternativas podrían efectivizarse; sin embargo, el Colectivo Agroecológico tiene claro que la implementación de cualquier iniciativa agrícola y productiva tendrá que enmarcarse en lo que ordena la Constitución Política del Ecuador: establecer a la soberanía alimentaria como objetivo estratégico, definiendo al Estado como su principal promotor, pues que la población decida qué sembrar y qué consumir es un tema político. Ahí la importancia del trabajo del Colectivo Agroecológico y de ferias como la realizada el mes anterior.

La explotación de niños y jóvenes campesinos

A diario, niños y jóvenes entre 12-17 años abandonan las comunidades de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi e Imbabura para involucrarse en algún trabajo buscando aportar al sustento familiar. Proceso migratorio que para unos es producido por los mecanismos de reproducción cultural que las comunidades desarrollan para paliar la pobreza. Existe una suerte de “enganchadores” que, aprovechando su experiencia en la ciudad, ubican a hombres y mujeres como peones, empleadas domésticas, en venta de artesanías, mendicidad y otros, por lo cual cobran.

Además de la explotación económica, el estado de indefensión y vulnerabilidad de los jóvenes es una puerta abierta para que se cometan graves abusos y violaciones a sus derechos: acoso sexual, violaciones, embarazos prematuros, trabajos denigrantes y en jornadas de hasta 15 horas, salarios irrisorios, incumplimiento de ofertas, acusaciones temerarias, despidos intempestivos, entre otros. En estas circunstancias desaparece la familia ampliada y prima el afán explotador del “enganchador”. Varios casos de abuso, en nuestro país y fuera de éste, han sido denunciados en los medios de comunicación.

El desarraigo pulveriza los derechos fundamentales, pues los niños y jóvenes abandonan los estudios, no acceden a servicios de salud, sufren afectación psicológica y emocional, enfrentan situaciones de indigencia e inseguridad. Según la Organización Mundial del Trabajo, OIT: “Alrededor de 1,2 millones de niñas-os son víctimas de un tráfico que tiene por objeto utilizarlos como mano de obra barata para realizar trabajos indeseables, peligrosos, extenuantes o que implican alguna forma de explotación sexual.”. UNICEF también expresa su preocupación: “Inmersos en un mundo de ilegalidad y violencia, los niños-as víctimas de tráfico y la explotación sexual, virtualmente desaparecen”.

Si bien se reconoce que la raíz del problema son las deplorables condiciones de vida del campo, también existe un aspecto cultural. Así como algunas comunidades serranas fácilmente alquilan a sus hijos, las amazónicas no lo hacen. ¿Por qué? Porque los valoran de forma diferente. En Ecuador, país con uno de los peores niveles de desigualdad y educación, y con la agudización de la pobreza en el campo, estos mecanismos de sobrevivencia funcionan al filo de la ilegalidad.

Por tanto, es importante abordar el problema participativamente; por un lado, la reglamentación, control y sanción por parte de las mismas comunidades y, por otro, desde el Estado, ejecutando políticas públicas encaminadas a erradicar la pobreza del campo. Puede sonar trillado pero generar oportunidades educativas y productivas ayudará a que niños y jóvenes permanezcan en su comunidad, o salgan mejor preparados para interactuar con otras culturas.

El Código Penal ecuatoriano define la trata como delito, aún con el consentimiento expreso de la víctima. “… el promover, inducir, participar, facilitar o favorecer la captación, traslado, acogida, recepción o entrega de personas recurriendo a la amenaza, violencia, engaño o cualquier otra forma fraudulenta, con fines de explotación ilícita, con o sin fines de lucro.” Para tipificarla considera como explotación a los trabajos o servicios forzados, esclavitud laboral, venta y/o utilización de personas para mendicidad, conflictos armados o reclutamiento para fines delictuosos. Incluye sanciones que van de seis a dieciséis años, según las características del ilícito; sean o no parientes de la víctima. (MCC)

Doll House: personas convertidas en mercancía

Por Marco Cedillo Cobos

A finales de 2008 se produjo el allanamiento del night club Doll House, ubicado al norte de Quito, donde permanecían treinta mujeres jóvenes (entre ellas, 28 colombianas), que eran abusadas sexualmente, explotadas en salario y horario de trabajo, drogadas y sometidas a operaciones quirúrgicas para mejorar su imagen. Se las extorsionaba además con deudas que contraían antes de llegar a Ecuador.

Las jóvenes eran contactadas, en su propia tierra, por los dueños del negocio, quienes les ofrecían trabajo como damas de compañía, vendedoras o promotoras de productos variados, con ingresos mensuales de 1.000-1.500 dólares. Dichos ofrecimientos nunca se cumplieron pues en Ecuador fueron obligadas a prostituirse y tratadas como esclavas. Su turno de trabajo empezaba a las 18:00 y terminaba a las 06:00, pero cuando había gran demanda alargaban la jornada hasta las 11:00. Para que resistan, eran obligadas a consumir drogas y alcohol.

Lo que más dinero restaba a las jóvenes era el sistema de multas. Se les chequeaba el cuidado de las uñas, la presentación personal y el uso adecuado del uniforme. Y si algún cliente demostraba inconformidad o se quejaba del servicio recibido, se les aplicaba fuertes multas que afectaban a su ingreso mensual. El local cobraba 240 dólares por relación sexual y a ellas se les entregaba a fin de mes apenas 600 dólares, cuando –según la investigación- debían recibir más de 5 mil dólares.

En uno de los tantos intentos, dos de ellas escaparon y denunciaron el caso. Realizadas las investigaciones, la Policía allanó el local, confirmó la versión de las dos jóvenes, liberó a las detenidas y capturó a siete ecuatorianos y a un cubano: Luis Arévalo Duarte (propietario y administrador), Luis Falcón Masabanda (chofer), Édgar Falcón Masabanda (cobraba los cheques para pagar al personal), Ernesto Domínguez Guiraldo (jefe de seguridad), Martha Almeida Garzón (contadora) y a los guardias Vicente Caicedo Moreira, Jorge Simbaña Bedoya y Luz Guerrero López.

La Vicealcaldesa de Quito, Margarita Carranco, denunció el hecho; impulsó la clausura del local y el retiro del permiso de uso de suelo, pero a los pocos días -rompiendo los sellos de clausura (de la Intendencia y municipales)- el prostíbulo reabrió las puertas. Esto, a pesar de que el artículo 18 de la Ordenanza metropolitana (amparado en la Constitución ecuatoriana y en instrumentos internacionales) ordena suspender definitivamente el funcionamiento de todo establecimiento donde se detectare explotación sexual a menores de edad. “… Para el efecto, la autoridad competente procederá a su clausura definitiva y los Comisarios de cada Administración Zonal deberán vigilar que la sanción emitida a estos establecimientos no sea violada”. Entonces, ¿por qué lo reabren? ¿Quiénes están detrás de estos negocios? ¿Qué influencia tienen?, son algunas inquietudes que Javier Jiménez, Concejal de Quito, nos ayuda a entender.

¿Cómo llegaron las jóvenes?
Seguramente les ofrecieron un empleo y terminaron siendo explotadas y abusadas sexualmente. Ellas no solo atendían a los clientes sino que también eran abusadas por los propietarios o empleados.

La liberación, ¿cómo se da?
Dos jóvenes logran huir y denuncian. Ahí toma procedimiento la DINAPEN. Como Municipio de Quito, se procede a inspeccionar y verificar si se encontraban en la situación denunciada. El Municipio apoyó el cierre del centro porque el Código de la Niñez y Adolescencia así lo establece, y la ordenanza también.

¿Se confirmó que las chicas eran drogadas y con qué tipo de drogas?
Las 19 jóvenes aseguraron que fueron drogadas, que permanecían en trance todo el tiempo. Es una característica del trato de estas redes: sacarlas de la realidad para explotarlas y abusarlas más. Una vez que se apliquen los exámenes toxicológicos respectivos, la Fiscalía determinará el tipo de droga utilizado, pero sabemos que eran obligadas a consumir “éxtasis”, y parece que también cocaína por los vestigios encontrados en el local.

¿Ellas volvieron a su país?
A través del Consulado de Ipiales, 27 de ellas regresaron a Colombia y dos están bajo la Unidad de Protección de Testigos.

Al tratarse de extranjeras, ¿podrían emprender acciones legales?
Podrían. Si se consigue identificar a los integrantes de esta red de trata, el Fiscal ecuatoriano podría solicitar ayuda al de Colombia. No hay impedimento.

¿Qué tipo de gente va al Doll House?
Banqueros, políticos, gente de dinero y con poder, empresarios, gerentes. Claro, es que ofrece servicio ejecutivo. Bastaba que el cliente llame y el local le tenía lista la chica, sin importar a la hora que fuera. Estamos hablando de clientes de clase media y alta. Lo que se deduce por los altos costos del servicio.

¿Se podría hablar de redes internacionales?
Son redes que funcionan en todo el mundo. La trata maneja miles de millones de dólares. Es como el negocio de la droga, más o menos. Se conoce de redes que trafican con mujeres tailandesas, taiwanesas, vietnamitas. Esta es una de las nuevas formas de esclavitud modernas.

¿Se ha determinado la participación de alguna autoridad?
No. Ninguna de las chicas ha confirmado eso. Ha sido difícil establecer esta información, pero aseguran que sus clientes eran personas de mucho dinero.

¿Cómo reaccionaron los dueños al operativo?
Presentaron los permisos que se les había otorgado, pero se comprobó que estaban dedicándose a actividades distintas a las que fueron autorizados.

¿Cómo se está enfrentando el caso?
Tenemos la participación del Municipio de Quito, de la Función Judicial, de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo y otros actores e instancias más como la DINAPEN.

¿Quiénes otorgaron los permisos?
El de uso de suelo lo otorga el Municipio; la Intendencia autoriza la actividad. La Policía Nacional debía conocer la entrada de las jóvenes y lo que estaban haciendo aquí, etc.

¿Qué dice el permiso de funcionamiento otorgado por el Municipio?
Ellos pidieron permiso de uso de suelo para funcionar como restaurante pero se dedicaron a otras cosas; es decir, engañaron a la institución y autoridad municipal, lo que constituye un agravante.

¿El Municipio ha hecho seguimiento al permiso de uso de suelo?
Sí, pero en estos casos la competencia es de la Intendencia. El Municipio retiró el permiso pero ellos (Doll House) rompieron los sellos, fueron a la justicia a través de un recurso extraordinario de protección y dejaron en suspenso las medidas administrativas. Así constatamos la existencia de un vacío jurídico que no respalda las acciones del Municipio.

¿Qué pasó después del operativo?
El Municipio dio protección a las personas en lo sicológico, médico y legal. Luego se organizó una Veeduría con gente que está trabajando en el tema desde hace mucho tiempo.

¿Los detenidos siguen presos?
Cuatro de estas personas están libres porque los jueces decidieron que esta causa no ameritaba la prisión preventiva, pero la instrucción fiscal continúa.

¿En qué estado está el juicio?
Se abrió la instrucción fiscal que dura noventa días, proceso en el cual se hace todo tipo de diligencias y se recoge los elementos de convicción para llamarles a juicio. Al no existir orden de prisión preventiva no se requiere el conocimiento de un juzgado de lo penal. Según la Ley y el Código de Procedimiento Penal, el Fiscal debe impulsar el proceso investigativo para determinar responsabilidades. Hoy la trata es penada.

Leidy Vélez, cabo segundo de Policía, otra víctima del mayor Diego Erazo (GAO)

Leidy Vélez Moreira aún recuerda con emoción cuando, hace seis años, se probó un traje de oficial y al verse frente al espejo dijo: quiero ser policía. Por eso le cuesta entender y aceptar la pesadilla que está viviendo y siente que le duele más porque, según dice, ama profundamente a la “institución policial”, a la que sirve con el grado de cabo segundo.

La madrugada del 18 de octubre de 2007, cuando descansaba en su hogar, escuchó un ruido parecido al de una explosión. Al principio pensó que eran ladrones, por eso alertó a su esposo. Encendió la luz y sus temores disminuyeron al ver que un nutrido grupo de policías subía por las escaleras. ¿Qué hacía la Policía en su casa a esas horas?, pensó, inmediatamente. Y planteó la pregunta al grupo.

Quien comandaba el operativo, mayor Diego Erazo Gavilanes, le explicó que el día anterior el GAO había tenido un cruce de balas con dos personas que se movilizaban en una camioneta, y que una de ellas era Yandry Vélez Moreira, hermano de Leidy. Ella aceptó que su hermano debía responder ante la ley si es que había cometido tal hecho, pero que no tenían porqué buscarlo en su casa, pues él no vivía ahí.

Pidió la orden de allanamiento, aclarándoles que si no demostraban la existencia de un delito flagrante, no debieron ingresar a la vivienda sin autorización. Exigirles eso enfureció al mayor Erazo, recuerda. Como no encontraron a Yandry, el piquete policial decidió irse. Ella lo impidió. “… no salen de aquí sin que me den la orden de allanamiento, o mínimo sus nombres”, les dijo. Mientras tomaba el nombre de un policía, el mayor Erazo le gritó: “vea policía, qué le pasa chucha de su madre, yo no tengo porqué identificarme ante usted”. Ordenó una “requisa exhaustiva de esta casa” y la consabida “usted se me va detenido” contra Neyl, conviviente de Leidy, que protestó por el abuso.

Los gendarmes estaban de civil. En el grupo había un individuo que fungía de fiscal, pero que se delató cuando a la orden del jefe respondió “sí mi mayor”, “esa es una forma que utilizamos los policías; ahí me di cuenta que se trataba del teniente de Policía Líger Mosquera”, dice Vélez. Luego de la búsqueda, realizada sin la presencia de la dueña de casa, un parte policial dice haber encontrado varios cartuchos y unos paños de tela roja (que sirven para colocar joyas). Y como, según los agentes, la investigada no justificó la existencia de aquellos objetos, habían encontrado la prueba que buscaban: “esto es motivo suficiente para que se vayan detenidos”.

Uno de los policías encontró a un niño que dormía en la planta baja; casi arrastrándolo, lo presentó a su superior: “mi mayor, este es el hijo de Yandry”. Del miedo, el menor se orinó delante de ellos.

El grupo no se identificó, no presentó la orden de allanamiento, no hubo presencia del fiscal. Sin embargo, se llevaron a Neyl Bassante. El parte dice que la causa es una investigación por robo, lo que no amerita un allanamiento; peor el que le hayan iniciado un juicio por tenencia ilegal de armas, explica Leidy Vélez.

La policía Vélez recuerda que esa madrugada, el mayor Erazo exigió que le entregue la cabeza de su hermano, porque si no él se la llevaría en una bandeja de plata. A lo que ella respondió: “mi hermano no es perro, mi hermano tiene familia, y si algo ha hecho tiene que pagar de acuerdo a lo que establece la justicia, no lo que usted diga”, enfureciendo más aún al oficial. ¿Por qué hicieron todas estas cosas?, se pregunta, y cree que, quizás, el avanzado estado etílico de sus compañeros les impidió razonar en lo que hacían. Tan borrachos estuvieron que debió abrirles la puerta para que salgan.

Al día siguiente, en vez de pedir que les practiquen exámenes y pruebas a los policías, ella se preocupó por liberar a su esposo. “Pensé que sería por unas horas”, pero Neyl recuperó la libertad luego de veinte largos días porque le habían iniciado una instrucción por tenencia ilegal de armas. “Mi esposo salió de la cárcel gracias a que en su trabajo lo conocen muy bien y después de gastar mucho dinero”. Golpeada por los hechos, informó la novedad a su jefa, Marjorie Mera, pero ella no la apoyó en nada, ni informó a instancias superiores sobre lo ocurrido. Mientras tanto, los allanadores sí elaboraron un parte policial, sobre el cual se fundamenta el sumario administrativo que le siguen y con el que pretenden colocarla a disposición por mala conducta profesional.

Nuevas amenazas del mayor Erazo
La mujer pensó que cambiarse de casa le ayudaría a superar el trauma que le produjo la violación a su domicilio. Meses después, mientras caminaba por la avenida Universitaria, el mayor Erazo contraatacó. Tomándola por el brazo violentamente la insultó en plena vía pública: “hija de puta, dónde está el hijo de puta de tu hermano porque lo que él nos hizo no se va a quedar así. Ese hijo de puta tiene que morir”. Ella se quedó paralizada; sin embargo, alcanzó a preguntarle por qué se ensañaba con su hermano, a lo que él respondió: “ese hijo de puta casi nos mata, ese hijo de puta tiene que morir. Y si no nos avisas en dónde está tu hermano nos llevamos inclusive a tu hijo”. Completó la descarga con las consabidas amenazas: “si avisas a alguien nos pegamos contigo; no sabes quién soy yo, ni de lo que soy capaz”.

Decide defenderse legalmente
Acompañada de su abogado, se presentó ante el Consejo de clases y policías, instancia a la que explicó, verbal y documentadamente, los abusos cometidos en su contra por parte del mayor Diego Erazo, pero tampoco tuvo resultados. “Están cometiendo un delito de omisión porque si les informo sobre algo por qué no investigan, por qué no revisan los parte policiales y confirman que fue un atropello lo que hicieron conmigo”. Además, solicitó autorización para denunciar su caso a los medios de comunicación, pero le negaron el pedido.

En octubre/08, denunció al mayor Erazo, al teniente Líger Mosquera y a otros miembros del GAO ante el Primer Distrito de la Policía por allanamiento de domicilio sin orden de autoridad, detención ilegal de su conviviente, insubordinación y falta contra la fe policial. Luego se enteró, a través de la prensa, que un policía denunció a Erazo como el autor de torturas contra los detenidos por el asalto a la joyería Terranova 2, en Quito.

Dos hermanos Vélez aparecen muertos
El mayor Erazo acumulaba denuncias por tortura y los medios difundían testimonios de afectados y estadísticas sobre muertos en acciones donde participó el GAO. Como en otras ocasiones, cuando sus elementos enfrentan problemas, la Policía movió al jefe del GAO a otra unidad que, según información facilitada por un miembro de la Institución, habría sido Manta, lo que tensó más la situación de la familia Vélez Moreira, pues Yandry, que vivía en Portoviejo, tenía amenazas de muerte. Ahora ella se arrepiente de no haber acudido a organismos de protección y defensa ciudadana, pues fue demasiado tarde cuando decidieron hacerlo.

El viernes 12 de diciembre/08 aparecieron tres asesinados en Manta. Dos de estos cuerpos pertenecían a la familia de Leidy Vélez. Uno era Yandry (con antecedentes en la Policía) el otro era Juan (sin antecedentes penales), un hermano de padre que regresó de España para conocer a su tierna hija. El tercero era de un amigo (tampoco tenía antecedentes) que la noche anterior compartía la camioneta que la madre de los Vélez compró a crédito en un patio de carros de Quito.

En ese mismo vehículo, días antes, ocurrió un extraño suceso. De viaje a la playa, fueron detenidos -asegura Leidy- por policías de civil que les pidieron papeles. Juan Vélez, conductor del vehículo, respondió al requerimiento sin problemas. Al turno de Yandry la cosa cambió: “Ah, tú eres el famoso Yandri Vélez Moreira, contra ti tenemos una consigna; agradece que estás con tu familia”, manifestaron al revisar la cédula de él, y los dejaron seguir. Por estos sucesos los Vélez Moreira presumen que en la muerte de sus dos familiares intervinieron miembros del GAO-Manta y, particularmente, el mayor Diego Erazo.

“Los periódicos de Manabí decían: encuentran acribilladas a tres personas que presuntamente pertenecían a una gran banda delictiva, hacían hincapié que fueron emboscados por tres vehículos y que les dispararon, pero no aclaraban que primero fueron torturados”, afirma Leidy, y lo hace con fotografías del rostro de su hermano Yandry, donde se observa señales de golpes. “Incluso, tenía hundido el cráneo”. Por no causarle mayor dolor mayor a su madre no revisó los cuerpos, pero un tío que observó la autopsia contó que Yandry tenía el estómago destrozado y balas hasta en los glúteos. Debido a que el resultado de la necropsia intranquiliza a la familia, pedirán un nuevo examen para demostrar las torturas a las que fueron sometidos antes de ser asesinados. La madre del fallecido denunció el hecho en la Fiscalía de Manabí.

Proteger a la familia
“Yo le prometí a mi hermano no dejar que su muerte quede impune. Recordar el rostro de mi pequeño sobrino en el funeral de su padre y negarse a aceptar su muerte, me da fuerzas para seguir luchando. Mi familia está destrozada, pero ya no permitiré que nos causen más daño”, enfatiza la policía. Leidy Vélez se siente defraudada. No entiende cómo la Institución a la que siempre soñó servir le cause semejante daño. Dos hermanos muertos, crisis sicológica y económica de la familia, huérfanos, viudas, su carrera en peligro, temor por su vida y la de los suyos. ¿Qué más quieren?, pregunta.

Pasando del temor a la dignidad, denunció en la Presidencia, Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Comandancia General, Defensoría del Pueblo y en la Fiscalía. “Algo tiene que pasar; alguien tiene que escucharme. Sería inaceptable que en este país nuevamente triunfen la indecencia y los abusos de poder”, clama. Además, solicitó protección a la Fiscalía, a través de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, pues teme por su vida, la de su hijo y demás familiares. Pedido que se encuentra en trámite desde inicios de año.
Leidy Vélez espera que las autoridades judiciales de la Policía apliquen la ley y sancionen a los responsables de los delitos denunciados. “Todo esto ocurrió por callarme las cosas, por mi cobardía; pero hoy estoy decidida a defender mi verdad, cueste lo que me cueste, porque está en juego no solo mi carrera de policía, sino la dignidad de mi familia, el futuro de mis sobrinos huérfanos y la memoria de mis hermanos muertos”.

La CEDHU considera que la impunidad no debe sostener a los malos elementos uniformados que ejecutan actos delictivos en la seguridad de no ser sancionados. Expresa su preocupación ante esta nueva denuncia en contra de miembros del GAO, particularmente del mayor Diego Erazo y del hoy capitán Byron Líger Mosquera, policías con antecedentes por violación a derechos humanos y sobre quienes existen otras denuncias. La CEDHU espera que para pronunciarse sobre este caso las autoridades, policiales y judiciales, investiguen a profundidad y consideren los elementos de juicio, pruebas y respeto al debido proceso.

Continúan las trabas para defensores de la naturaleza y derechos humanos

Por Marco Cedillo Cobos

Como en tiempos de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, se hablaba de “refundar la República”, los defensores de la naturaleza y derechos humanos, perseguidos y enjuiciados por empresas privadas y públicas, asumieron que ese propósito sería irrealizable si sus derechos seguían violentados, y los agresores campantes.

Por este motivo, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Cedhu, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Inredh, y Acción Ecológica presentaron a la ANC una propuesta de amnistía, para liberar de los cargos a los mencionados dirigentes. De igual manera, propusieron cambios fundamentales para la nueva Constitución. En lo primero, se ha avanzado; en lo segundo, falta mucho por hacer.

En marzo/08, la ANC exculpó a unos 700 luchadores sociales. “Amnistía es olvido, pero en este caso es (…) el reconocimiento del derecho a defender la naturaleza y la vida. No se trata de actuar fuera de la ley, pero tampoco de utilizarla para castigar a quienes defienden la tierra, su subsistencia y la naturaleza”, dijo Alberto Acosta, en ese entonces, presidente de la Asamblea. El artículo 4 de la resolución dispuso a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público, al Ministro de Gobierno y Policía y a las instituciones competentes, la inmediata ejecución de lo decidido por la Asamblea.

A pesar de los plenos poderes de la ANC la resolución no ha sido cumplida por ciertas autoridades judiciales. “Se puede interpretar las resoluciones cuando son complejas, pero cuando son concretas y establecen las personas y/o el número de proceso no cabe la interpretación, simplemente el acatamiento. Los problemas más serios están a nivel de implementación de la amnistía”, explica Wilton Guaranda, asesor jurídico de INREDH.

No es difícil intuir las razones que están detrás de las complicaciones, pues la Fiscalía, los municipios y la fuerza pública tienen mucho que ver en la criminalización de la protesta social. Así lo demuestra Guaranda: “En Chillanes y Orellana se detectan vínculos entre jueces y elementos del Ejército. En Orellana, el abogado de las empresas Perenco y Petrobrás (con múltiples denuncias contra dirigentes), es abogado de la Brigada de Selva Napo 19 y esposo de la secretaria del Juzgado de lo Civil. A su vez, la secretaria de este juzgado es comadre del juez de lo penal. Igual ocurre en Chillanes: el actual fiscal fue compañero de universidad del alcalde Rolando Colina, otro de los mayores perseguidores a líderes que resisten la construcción de la planta hidroeléctrica Hidrotambo”.

El escenario post amnistía presenta casos similares con actuaciones distintas, especialmente en provincias. Las organizaciones de derechos humanos y ambientalistas alertaron a la Asamblea y a la Fiscalía sobre las sanciones y responsabilidades penales que conlleva el desacato a la resolución. Sin embargo, se desconoce sobre la destitución de algún juez, o que se haya iniciado acción penal alguna. A pesar de los tropiezos, para Cecilia Chérrez (Acción Ecológica) “la amnistía puso un alto al abuso que se estaba dando”.

¿Qué se logró con la amnistía?
La amnistía indudablemente liberó de la carga delictiva a las personas enjuiciadas, detenidas o sentenciadas por la legítima defensa de sus derechos. La Asamblea reconoció y determinó que éstas son acciones políticas y no delincuenciales como lo han calificado las empresas y operadores de justicia. Aquella visión delictiva y estigmatizadora de la protesta social se cambió por una concepción de tipo político, dejando al descubierto la utilización de la justicia para reprimir el justo reclamo de las comunidades.

Someramente, se reconoció el carácter constitucional de la resistencia social. El artículo 98 de la Constitución vigente habla sobre este derecho. Es un importante logro porque se faculta a la sociedad civil a accionar para defender su territorio, recursos e integridad, sin ser catalogados como delincuentes. Se rompió el juicio individual y se impuso la causa colectiva.

Tareas pendientes
Wilton Guaranda recuerda que en el año 2006, el informe sobre defensores de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ya alertaba sobre este tipo de problemas. Y recomendó que los Estados se aseguren que sus autoridades o terceras personas no manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia para hostigar a quienes se dedican a actividades legítimas, como es el caso de las defensoras y defensores de derechos humanos.

La deuda moral del Estado ecuatoriano sigue vigente. Por tanto, debe completar la investigación para establecer responsables, cómplices y encubridores; asumir su responsabilidad e implementar las medidas necesarias para reparar a los afectados. Asimismo, quienes cometieron este tipo de ilícitos contra pobladores (sean particulares, servidores o funcionarios públicos) deben responder por sus actos, para que no impere la impunidad.

Entonces, una vez que se supere la “transición especial” que vive el país, y aplicando el artículo 98 de la Constitución, será necesario operativizar, en leyes y reglamentos, los mecanismos necesarios para proteger a quienes defienden los derechos humanos y de la naturaleza. Accionarlo en la práctica es la tarea de hoy. Dejarlo a nivel declaratorio será solamente un gesto de congratulación con organismos internacionales. Y eso no sería suficiente para refundar la República.

Reparación integral
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, reconoce que la labor de los defensores de derechos humanos es fundamental para la existencia plena de la democracia y el Estado de Derecho, ante lo cual recomienda que estas arbitrariedades, cometidas contra luchadores sociales, sean investigadas y sus responsables sancionados. En este sentido, el país espera que el Gobierno ecuatoriano demuestre voluntad política para erradicar la utilización de la justicia con fines políticos. Solo así se podrá desterrar las agresiones a luchadores sociales que prevalecen en zonas mineras y petroleras.

Exigir reparación integral significa que las personas afectadas en sus derechos tengan la oportunidad de resarcirse en lo material e inmaterial. Que esa gente que ha pagado abogado para defenderse en los juicios, que se ha mudado para no ser detenido, o que no ha podido trabajar; es decir, que alteró violentamente su vida cotidiana por culpa de terceros, reciba una reparación económica. De igual forma, que a las personas, familias o comunidades ofendidas o acusadas el Estado les ofrezca disculpas públicas, difundidas por todos los medios posibles.

“El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. (…) estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o la deficiencia en la prestación de los servicios públicos (…)”, dice el artículo 11, numeral 3 de la Constitución Política ecuatoriana. Entonces, -investigar y sancionar a autores, reparar a afectados, proteger a luchadores sociales-, pretende consolidar el respeto al derecho a la resistencia que les asiste a las comunidades y precautelar la vida de sus defensores. Tarea inmediata; así lo afirma Chérrez: “Urge legislar para que estos hechos no se repitan, pues hay el riesgo de que la criminalización se reactive con más fuerza”.