Leidy Vélez, cabo segundo de Policía, otra víctima del mayor Diego Erazo (GAO)

Leidy Vélez Moreira aún recuerda con emoción cuando, hace seis años, se probó un traje de oficial y al verse frente al espejo dijo: quiero ser policía. Por eso le cuesta entender y aceptar la pesadilla que está viviendo y siente que le duele más porque, según dice, ama profundamente a la “institución policial”, a la que sirve con el grado de cabo segundo.

La madrugada del 18 de octubre de 2007, cuando descansaba en su hogar, escuchó un ruido parecido al de una explosión. Al principio pensó que eran ladrones, por eso alertó a su esposo. Encendió la luz y sus temores disminuyeron al ver que un nutrido grupo de policías subía por las escaleras. ¿Qué hacía la Policía en su casa a esas horas?, pensó, inmediatamente. Y planteó la pregunta al grupo.

Quien comandaba el operativo, mayor Diego Erazo Gavilanes, le explicó que el día anterior el GAO había tenido un cruce de balas con dos personas que se movilizaban en una camioneta, y que una de ellas era Yandry Vélez Moreira, hermano de Leidy. Ella aceptó que su hermano debía responder ante la ley si es que había cometido tal hecho, pero que no tenían porqué buscarlo en su casa, pues él no vivía ahí.

Pidió la orden de allanamiento, aclarándoles que si no demostraban la existencia de un delito flagrante, no debieron ingresar a la vivienda sin autorización. Exigirles eso enfureció al mayor Erazo, recuerda. Como no encontraron a Yandry, el piquete policial decidió irse. Ella lo impidió. “… no salen de aquí sin que me den la orden de allanamiento, o mínimo sus nombres”, les dijo. Mientras tomaba el nombre de un policía, el mayor Erazo le gritó: “vea policía, qué le pasa chucha de su madre, yo no tengo porqué identificarme ante usted”. Ordenó una “requisa exhaustiva de esta casa” y la consabida “usted se me va detenido” contra Neyl, conviviente de Leidy, que protestó por el abuso.

Los gendarmes estaban de civil. En el grupo había un individuo que fungía de fiscal, pero que se delató cuando a la orden del jefe respondió “sí mi mayor”, “esa es una forma que utilizamos los policías; ahí me di cuenta que se trataba del teniente de Policía Líger Mosquera”, dice Vélez. Luego de la búsqueda, realizada sin la presencia de la dueña de casa, un parte policial dice haber encontrado varios cartuchos y unos paños de tela roja (que sirven para colocar joyas). Y como, según los agentes, la investigada no justificó la existencia de aquellos objetos, habían encontrado la prueba que buscaban: “esto es motivo suficiente para que se vayan detenidos”.

Uno de los policías encontró a un niño que dormía en la planta baja; casi arrastrándolo, lo presentó a su superior: “mi mayor, este es el hijo de Yandry”. Del miedo, el menor se orinó delante de ellos.

El grupo no se identificó, no presentó la orden de allanamiento, no hubo presencia del fiscal. Sin embargo, se llevaron a Neyl Bassante. El parte dice que la causa es una investigación por robo, lo que no amerita un allanamiento; peor el que le hayan iniciado un juicio por tenencia ilegal de armas, explica Leidy Vélez.

La policía Vélez recuerda que esa madrugada, el mayor Erazo exigió que le entregue la cabeza de su hermano, porque si no él se la llevaría en una bandeja de plata. A lo que ella respondió: “mi hermano no es perro, mi hermano tiene familia, y si algo ha hecho tiene que pagar de acuerdo a lo que establece la justicia, no lo que usted diga”, enfureciendo más aún al oficial. ¿Por qué hicieron todas estas cosas?, se pregunta, y cree que, quizás, el avanzado estado etílico de sus compañeros les impidió razonar en lo que hacían. Tan borrachos estuvieron que debió abrirles la puerta para que salgan.

Al día siguiente, en vez de pedir que les practiquen exámenes y pruebas a los policías, ella se preocupó por liberar a su esposo. “Pensé que sería por unas horas”, pero Neyl recuperó la libertad luego de veinte largos días porque le habían iniciado una instrucción por tenencia ilegal de armas. “Mi esposo salió de la cárcel gracias a que en su trabajo lo conocen muy bien y después de gastar mucho dinero”. Golpeada por los hechos, informó la novedad a su jefa, Marjorie Mera, pero ella no la apoyó en nada, ni informó a instancias superiores sobre lo ocurrido. Mientras tanto, los allanadores sí elaboraron un parte policial, sobre el cual se fundamenta el sumario administrativo que le siguen y con el que pretenden colocarla a disposición por mala conducta profesional.

Nuevas amenazas del mayor Erazo
La mujer pensó que cambiarse de casa le ayudaría a superar el trauma que le produjo la violación a su domicilio. Meses después, mientras caminaba por la avenida Universitaria, el mayor Erazo contraatacó. Tomándola por el brazo violentamente la insultó en plena vía pública: “hija de puta, dónde está el hijo de puta de tu hermano porque lo que él nos hizo no se va a quedar así. Ese hijo de puta tiene que morir”. Ella se quedó paralizada; sin embargo, alcanzó a preguntarle por qué se ensañaba con su hermano, a lo que él respondió: “ese hijo de puta casi nos mata, ese hijo de puta tiene que morir. Y si no nos avisas en dónde está tu hermano nos llevamos inclusive a tu hijo”. Completó la descarga con las consabidas amenazas: “si avisas a alguien nos pegamos contigo; no sabes quién soy yo, ni de lo que soy capaz”.

Decide defenderse legalmente
Acompañada de su abogado, se presentó ante el Consejo de clases y policías, instancia a la que explicó, verbal y documentadamente, los abusos cometidos en su contra por parte del mayor Diego Erazo, pero tampoco tuvo resultados. “Están cometiendo un delito de omisión porque si les informo sobre algo por qué no investigan, por qué no revisan los parte policiales y confirman que fue un atropello lo que hicieron conmigo”. Además, solicitó autorización para denunciar su caso a los medios de comunicación, pero le negaron el pedido.

En octubre/08, denunció al mayor Erazo, al teniente Líger Mosquera y a otros miembros del GAO ante el Primer Distrito de la Policía por allanamiento de domicilio sin orden de autoridad, detención ilegal de su conviviente, insubordinación y falta contra la fe policial. Luego se enteró, a través de la prensa, que un policía denunció a Erazo como el autor de torturas contra los detenidos por el asalto a la joyería Terranova 2, en Quito.

Dos hermanos Vélez aparecen muertos
El mayor Erazo acumulaba denuncias por tortura y los medios difundían testimonios de afectados y estadísticas sobre muertos en acciones donde participó el GAO. Como en otras ocasiones, cuando sus elementos enfrentan problemas, la Policía movió al jefe del GAO a otra unidad que, según información facilitada por un miembro de la Institución, habría sido Manta, lo que tensó más la situación de la familia Vélez Moreira, pues Yandry, que vivía en Portoviejo, tenía amenazas de muerte. Ahora ella se arrepiente de no haber acudido a organismos de protección y defensa ciudadana, pues fue demasiado tarde cuando decidieron hacerlo.

El viernes 12 de diciembre/08 aparecieron tres asesinados en Manta. Dos de estos cuerpos pertenecían a la familia de Leidy Vélez. Uno era Yandry (con antecedentes en la Policía) el otro era Juan (sin antecedentes penales), un hermano de padre que regresó de España para conocer a su tierna hija. El tercero era de un amigo (tampoco tenía antecedentes) que la noche anterior compartía la camioneta que la madre de los Vélez compró a crédito en un patio de carros de Quito.

En ese mismo vehículo, días antes, ocurrió un extraño suceso. De viaje a la playa, fueron detenidos -asegura Leidy- por policías de civil que les pidieron papeles. Juan Vélez, conductor del vehículo, respondió al requerimiento sin problemas. Al turno de Yandry la cosa cambió: “Ah, tú eres el famoso Yandri Vélez Moreira, contra ti tenemos una consigna; agradece que estás con tu familia”, manifestaron al revisar la cédula de él, y los dejaron seguir. Por estos sucesos los Vélez Moreira presumen que en la muerte de sus dos familiares intervinieron miembros del GAO-Manta y, particularmente, el mayor Diego Erazo.

“Los periódicos de Manabí decían: encuentran acribilladas a tres personas que presuntamente pertenecían a una gran banda delictiva, hacían hincapié que fueron emboscados por tres vehículos y que les dispararon, pero no aclaraban que primero fueron torturados”, afirma Leidy, y lo hace con fotografías del rostro de su hermano Yandry, donde se observa señales de golpes. “Incluso, tenía hundido el cráneo”. Por no causarle mayor dolor mayor a su madre no revisó los cuerpos, pero un tío que observó la autopsia contó que Yandry tenía el estómago destrozado y balas hasta en los glúteos. Debido a que el resultado de la necropsia intranquiliza a la familia, pedirán un nuevo examen para demostrar las torturas a las que fueron sometidos antes de ser asesinados. La madre del fallecido denunció el hecho en la Fiscalía de Manabí.

Proteger a la familia
“Yo le prometí a mi hermano no dejar que su muerte quede impune. Recordar el rostro de mi pequeño sobrino en el funeral de su padre y negarse a aceptar su muerte, me da fuerzas para seguir luchando. Mi familia está destrozada, pero ya no permitiré que nos causen más daño”, enfatiza la policía. Leidy Vélez se siente defraudada. No entiende cómo la Institución a la que siempre soñó servir le cause semejante daño. Dos hermanos muertos, crisis sicológica y económica de la familia, huérfanos, viudas, su carrera en peligro, temor por su vida y la de los suyos. ¿Qué más quieren?, pregunta.

Pasando del temor a la dignidad, denunció en la Presidencia, Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Comandancia General, Defensoría del Pueblo y en la Fiscalía. “Algo tiene que pasar; alguien tiene que escucharme. Sería inaceptable que en este país nuevamente triunfen la indecencia y los abusos de poder”, clama. Además, solicitó protección a la Fiscalía, a través de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, pues teme por su vida, la de su hijo y demás familiares. Pedido que se encuentra en trámite desde inicios de año.
Leidy Vélez espera que las autoridades judiciales de la Policía apliquen la ley y sancionen a los responsables de los delitos denunciados. “Todo esto ocurrió por callarme las cosas, por mi cobardía; pero hoy estoy decidida a defender mi verdad, cueste lo que me cueste, porque está en juego no solo mi carrera de policía, sino la dignidad de mi familia, el futuro de mis sobrinos huérfanos y la memoria de mis hermanos muertos”.

La CEDHU considera que la impunidad no debe sostener a los malos elementos uniformados que ejecutan actos delictivos en la seguridad de no ser sancionados. Expresa su preocupación ante esta nueva denuncia en contra de miembros del GAO, particularmente del mayor Diego Erazo y del hoy capitán Byron Líger Mosquera, policías con antecedentes por violación a derechos humanos y sobre quienes existen otras denuncias. La CEDHU espera que para pronunciarse sobre este caso las autoridades, policiales y judiciales, investiguen a profundidad y consideren los elementos de juicio, pruebas y respeto al debido proceso.

Continúan las trabas para defensores de la naturaleza y derechos humanos

Por Marco Cedillo Cobos

Como en tiempos de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, se hablaba de “refundar la República”, los defensores de la naturaleza y derechos humanos, perseguidos y enjuiciados por empresas privadas y públicas, asumieron que ese propósito sería irrealizable si sus derechos seguían violentados, y los agresores campantes.

Por este motivo, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Cedhu, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Inredh, y Acción Ecológica presentaron a la ANC una propuesta de amnistía, para liberar de los cargos a los mencionados dirigentes. De igual manera, propusieron cambios fundamentales para la nueva Constitución. En lo primero, se ha avanzado; en lo segundo, falta mucho por hacer.

En marzo/08, la ANC exculpó a unos 700 luchadores sociales. “Amnistía es olvido, pero en este caso es (…) el reconocimiento del derecho a defender la naturaleza y la vida. No se trata de actuar fuera de la ley, pero tampoco de utilizarla para castigar a quienes defienden la tierra, su subsistencia y la naturaleza”, dijo Alberto Acosta, en ese entonces, presidente de la Asamblea. El artículo 4 de la resolución dispuso a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público, al Ministro de Gobierno y Policía y a las instituciones competentes, la inmediata ejecución de lo decidido por la Asamblea.

A pesar de los plenos poderes de la ANC la resolución no ha sido cumplida por ciertas autoridades judiciales. “Se puede interpretar las resoluciones cuando son complejas, pero cuando son concretas y establecen las personas y/o el número de proceso no cabe la interpretación, simplemente el acatamiento. Los problemas más serios están a nivel de implementación de la amnistía”, explica Wilton Guaranda, asesor jurídico de INREDH.

No es difícil intuir las razones que están detrás de las complicaciones, pues la Fiscalía, los municipios y la fuerza pública tienen mucho que ver en la criminalización de la protesta social. Así lo demuestra Guaranda: “En Chillanes y Orellana se detectan vínculos entre jueces y elementos del Ejército. En Orellana, el abogado de las empresas Perenco y Petrobrás (con múltiples denuncias contra dirigentes), es abogado de la Brigada de Selva Napo 19 y esposo de la secretaria del Juzgado de lo Civil. A su vez, la secretaria de este juzgado es comadre del juez de lo penal. Igual ocurre en Chillanes: el actual fiscal fue compañero de universidad del alcalde Rolando Colina, otro de los mayores perseguidores a líderes que resisten la construcción de la planta hidroeléctrica Hidrotambo”.

El escenario post amnistía presenta casos similares con actuaciones distintas, especialmente en provincias. Las organizaciones de derechos humanos y ambientalistas alertaron a la Asamblea y a la Fiscalía sobre las sanciones y responsabilidades penales que conlleva el desacato a la resolución. Sin embargo, se desconoce sobre la destitución de algún juez, o que se haya iniciado acción penal alguna. A pesar de los tropiezos, para Cecilia Chérrez (Acción Ecológica) “la amnistía puso un alto al abuso que se estaba dando”.

¿Qué se logró con la amnistía?
La amnistía indudablemente liberó de la carga delictiva a las personas enjuiciadas, detenidas o sentenciadas por la legítima defensa de sus derechos. La Asamblea reconoció y determinó que éstas son acciones políticas y no delincuenciales como lo han calificado las empresas y operadores de justicia. Aquella visión delictiva y estigmatizadora de la protesta social se cambió por una concepción de tipo político, dejando al descubierto la utilización de la justicia para reprimir el justo reclamo de las comunidades.

Someramente, se reconoció el carácter constitucional de la resistencia social. El artículo 98 de la Constitución vigente habla sobre este derecho. Es un importante logro porque se faculta a la sociedad civil a accionar para defender su territorio, recursos e integridad, sin ser catalogados como delincuentes. Se rompió el juicio individual y se impuso la causa colectiva.

Tareas pendientes
Wilton Guaranda recuerda que en el año 2006, el informe sobre defensores de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ya alertaba sobre este tipo de problemas. Y recomendó que los Estados se aseguren que sus autoridades o terceras personas no manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia para hostigar a quienes se dedican a actividades legítimas, como es el caso de las defensoras y defensores de derechos humanos.

La deuda moral del Estado ecuatoriano sigue vigente. Por tanto, debe completar la investigación para establecer responsables, cómplices y encubridores; asumir su responsabilidad e implementar las medidas necesarias para reparar a los afectados. Asimismo, quienes cometieron este tipo de ilícitos contra pobladores (sean particulares, servidores o funcionarios públicos) deben responder por sus actos, para que no impere la impunidad.

Entonces, una vez que se supere la “transición especial” que vive el país, y aplicando el artículo 98 de la Constitución, será necesario operativizar, en leyes y reglamentos, los mecanismos necesarios para proteger a quienes defienden los derechos humanos y de la naturaleza. Accionarlo en la práctica es la tarea de hoy. Dejarlo a nivel declaratorio será solamente un gesto de congratulación con organismos internacionales. Y eso no sería suficiente para refundar la República.

Reparación integral
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, reconoce que la labor de los defensores de derechos humanos es fundamental para la existencia plena de la democracia y el Estado de Derecho, ante lo cual recomienda que estas arbitrariedades, cometidas contra luchadores sociales, sean investigadas y sus responsables sancionados. En este sentido, el país espera que el Gobierno ecuatoriano demuestre voluntad política para erradicar la utilización de la justicia con fines políticos. Solo así se podrá desterrar las agresiones a luchadores sociales que prevalecen en zonas mineras y petroleras.

Exigir reparación integral significa que las personas afectadas en sus derechos tengan la oportunidad de resarcirse en lo material e inmaterial. Que esa gente que ha pagado abogado para defenderse en los juicios, que se ha mudado para no ser detenido, o que no ha podido trabajar; es decir, que alteró violentamente su vida cotidiana por culpa de terceros, reciba una reparación económica. De igual forma, que a las personas, familias o comunidades ofendidas o acusadas el Estado les ofrezca disculpas públicas, difundidas por todos los medios posibles.

“El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. (…) estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o la deficiencia en la prestación de los servicios públicos (…)”, dice el artículo 11, numeral 3 de la Constitución Política ecuatoriana. Entonces, -investigar y sancionar a autores, reparar a afectados, proteger a luchadores sociales-, pretende consolidar el respeto al derecho a la resistencia que les asiste a las comunidades y precautelar la vida de sus defensores. Tarea inmediata; así lo afirma Chérrez: “Urge legislar para que estos hechos no se repitan, pues hay el riesgo de que la criminalización se reactive con más fuerza”.