Doll House: personas convertidas en mercancía

Por Marco Cedillo Cobos

A finales de 2008 se produjo el allanamiento del night club Doll House, ubicado al norte de Quito, donde permanecían treinta mujeres jóvenes (entre ellas, 28 colombianas), que eran abusadas sexualmente, explotadas en salario y horario de trabajo, drogadas y sometidas a operaciones quirúrgicas para mejorar su imagen. Se las extorsionaba además con deudas que contraían antes de llegar a Ecuador.

Las jóvenes eran contactadas, en su propia tierra, por los dueños del negocio, quienes les ofrecían trabajo como damas de compañía, vendedoras o promotoras de productos variados, con ingresos mensuales de 1.000-1.500 dólares. Dichos ofrecimientos nunca se cumplieron pues en Ecuador fueron obligadas a prostituirse y tratadas como esclavas. Su turno de trabajo empezaba a las 18:00 y terminaba a las 06:00, pero cuando había gran demanda alargaban la jornada hasta las 11:00. Para que resistan, eran obligadas a consumir drogas y alcohol.

Lo que más dinero restaba a las jóvenes era el sistema de multas. Se les chequeaba el cuidado de las uñas, la presentación personal y el uso adecuado del uniforme. Y si algún cliente demostraba inconformidad o se quejaba del servicio recibido, se les aplicaba fuertes multas que afectaban a su ingreso mensual. El local cobraba 240 dólares por relación sexual y a ellas se les entregaba a fin de mes apenas 600 dólares, cuando –según la investigación- debían recibir más de 5 mil dólares.

En uno de los tantos intentos, dos de ellas escaparon y denunciaron el caso. Realizadas las investigaciones, la Policía allanó el local, confirmó la versión de las dos jóvenes, liberó a las detenidas y capturó a siete ecuatorianos y a un cubano: Luis Arévalo Duarte (propietario y administrador), Luis Falcón Masabanda (chofer), Édgar Falcón Masabanda (cobraba los cheques para pagar al personal), Ernesto Domínguez Guiraldo (jefe de seguridad), Martha Almeida Garzón (contadora) y a los guardias Vicente Caicedo Moreira, Jorge Simbaña Bedoya y Luz Guerrero López.

La Vicealcaldesa de Quito, Margarita Carranco, denunció el hecho; impulsó la clausura del local y el retiro del permiso de uso de suelo, pero a los pocos días -rompiendo los sellos de clausura (de la Intendencia y municipales)- el prostíbulo reabrió las puertas. Esto, a pesar de que el artículo 18 de la Ordenanza metropolitana (amparado en la Constitución ecuatoriana y en instrumentos internacionales) ordena suspender definitivamente el funcionamiento de todo establecimiento donde se detectare explotación sexual a menores de edad. “… Para el efecto, la autoridad competente procederá a su clausura definitiva y los Comisarios de cada Administración Zonal deberán vigilar que la sanción emitida a estos establecimientos no sea violada”. Entonces, ¿por qué lo reabren? ¿Quiénes están detrás de estos negocios? ¿Qué influencia tienen?, son algunas inquietudes que Javier Jiménez, Concejal de Quito, nos ayuda a entender.

¿Cómo llegaron las jóvenes?
Seguramente les ofrecieron un empleo y terminaron siendo explotadas y abusadas sexualmente. Ellas no solo atendían a los clientes sino que también eran abusadas por los propietarios o empleados.

La liberación, ¿cómo se da?
Dos jóvenes logran huir y denuncian. Ahí toma procedimiento la DINAPEN. Como Municipio de Quito, se procede a inspeccionar y verificar si se encontraban en la situación denunciada. El Municipio apoyó el cierre del centro porque el Código de la Niñez y Adolescencia así lo establece, y la ordenanza también.

¿Se confirmó que las chicas eran drogadas y con qué tipo de drogas?
Las 19 jóvenes aseguraron que fueron drogadas, que permanecían en trance todo el tiempo. Es una característica del trato de estas redes: sacarlas de la realidad para explotarlas y abusarlas más. Una vez que se apliquen los exámenes toxicológicos respectivos, la Fiscalía determinará el tipo de droga utilizado, pero sabemos que eran obligadas a consumir “éxtasis”, y parece que también cocaína por los vestigios encontrados en el local.

¿Ellas volvieron a su país?
A través del Consulado de Ipiales, 27 de ellas regresaron a Colombia y dos están bajo la Unidad de Protección de Testigos.

Al tratarse de extranjeras, ¿podrían emprender acciones legales?
Podrían. Si se consigue identificar a los integrantes de esta red de trata, el Fiscal ecuatoriano podría solicitar ayuda al de Colombia. No hay impedimento.

¿Qué tipo de gente va al Doll House?
Banqueros, políticos, gente de dinero y con poder, empresarios, gerentes. Claro, es que ofrece servicio ejecutivo. Bastaba que el cliente llame y el local le tenía lista la chica, sin importar a la hora que fuera. Estamos hablando de clientes de clase media y alta. Lo que se deduce por los altos costos del servicio.

¿Se podría hablar de redes internacionales?
Son redes que funcionan en todo el mundo. La trata maneja miles de millones de dólares. Es como el negocio de la droga, más o menos. Se conoce de redes que trafican con mujeres tailandesas, taiwanesas, vietnamitas. Esta es una de las nuevas formas de esclavitud modernas.

¿Se ha determinado la participación de alguna autoridad?
No. Ninguna de las chicas ha confirmado eso. Ha sido difícil establecer esta información, pero aseguran que sus clientes eran personas de mucho dinero.

¿Cómo reaccionaron los dueños al operativo?
Presentaron los permisos que se les había otorgado, pero se comprobó que estaban dedicándose a actividades distintas a las que fueron autorizados.

¿Cómo se está enfrentando el caso?
Tenemos la participación del Municipio de Quito, de la Función Judicial, de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo y otros actores e instancias más como la DINAPEN.

¿Quiénes otorgaron los permisos?
El de uso de suelo lo otorga el Municipio; la Intendencia autoriza la actividad. La Policía Nacional debía conocer la entrada de las jóvenes y lo que estaban haciendo aquí, etc.

¿Qué dice el permiso de funcionamiento otorgado por el Municipio?
Ellos pidieron permiso de uso de suelo para funcionar como restaurante pero se dedicaron a otras cosas; es decir, engañaron a la institución y autoridad municipal, lo que constituye un agravante.

¿El Municipio ha hecho seguimiento al permiso de uso de suelo?
Sí, pero en estos casos la competencia es de la Intendencia. El Municipio retiró el permiso pero ellos (Doll House) rompieron los sellos, fueron a la justicia a través de un recurso extraordinario de protección y dejaron en suspenso las medidas administrativas. Así constatamos la existencia de un vacío jurídico que no respalda las acciones del Municipio.

¿Qué pasó después del operativo?
El Municipio dio protección a las personas en lo sicológico, médico y legal. Luego se organizó una Veeduría con gente que está trabajando en el tema desde hace mucho tiempo.

¿Los detenidos siguen presos?
Cuatro de estas personas están libres porque los jueces decidieron que esta causa no ameritaba la prisión preventiva, pero la instrucción fiscal continúa.

¿En qué estado está el juicio?
Se abrió la instrucción fiscal que dura noventa días, proceso en el cual se hace todo tipo de diligencias y se recoge los elementos de convicción para llamarles a juicio. Al no existir orden de prisión preventiva no se requiere el conocimiento de un juzgado de lo penal. Según la Ley y el Código de Procedimiento Penal, el Fiscal debe impulsar el proceso investigativo para determinar responsabilidades. Hoy la trata es penada.