A diario, niños y jóvenes entre 12-17 años abandonan las comunidades de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi e Imbabura para involucrarse en algún trabajo buscando aportar al sustento familiar. Proceso migratorio que para unos es producido por los mecanismos de reproducción cultural que las comunidades desarrollan para paliar la pobreza. Existe una suerte de “enganchadores” que, aprovechando su experiencia en la ciudad, ubican a hombres y mujeres como peones, empleadas domésticas, en venta de artesanías, mendicidad y otros, por lo cual cobran.
Además de la explotación económica, el estado de indefensión y vulnerabilidad de los jóvenes es una puerta abierta para que se cometan graves abusos y violaciones a sus derechos: acoso sexual, violaciones, embarazos prematuros, trabajos denigrantes y en jornadas de hasta 15 horas, salarios irrisorios, incumplimiento de ofertas, acusaciones temerarias, despidos intempestivos, entre otros. En estas circunstancias desaparece la familia ampliada y prima el afán explotador del “enganchador”. Varios casos de abuso, en nuestro país y fuera de éste, han sido denunciados en los medios de comunicación.
El desarraigo pulveriza los derechos fundamentales, pues los niños y jóvenes abandonan los estudios, no acceden a servicios de salud, sufren afectación psicológica y emocional, enfrentan situaciones de indigencia e inseguridad. Según la Organización Mundial del Trabajo, OIT: “Alrededor de 1,2 millones de niñas-os son víctimas de un tráfico que tiene por objeto utilizarlos como mano de obra barata para realizar trabajos indeseables, peligrosos, extenuantes o que implican alguna forma de explotación sexual.”. UNICEF también expresa su preocupación: “Inmersos en un mundo de ilegalidad y violencia, los niños-as víctimas de tráfico y la explotación sexual, virtualmente desaparecen”.
Si bien se reconoce que la raíz del problema son las deplorables condiciones de vida del campo, también existe un aspecto cultural. Así como algunas comunidades serranas fácilmente alquilan a sus hijos, las amazónicas no lo hacen. ¿Por qué? Porque los valoran de forma diferente. En Ecuador, país con uno de los peores niveles de desigualdad y educación, y con la agudización de la pobreza en el campo, estos mecanismos de sobrevivencia funcionan al filo de la ilegalidad.
Por tanto, es importante abordar el problema participativamente; por un lado, la reglamentación, control y sanción por parte de las mismas comunidades y, por otro, desde el Estado, ejecutando políticas públicas encaminadas a erradicar la pobreza del campo. Puede sonar trillado pero generar oportunidades educativas y productivas ayudará a que niños y jóvenes permanezcan en su comunidad, o salgan mejor preparados para interactuar con otras culturas.
El Código Penal ecuatoriano define la trata como delito, aún con el consentimiento expreso de la víctima. “… el promover, inducir, participar, facilitar o favorecer la captación, traslado, acogida, recepción o entrega de personas recurriendo a la amenaza, violencia, engaño o cualquier otra forma fraudulenta, con fines de explotación ilícita, con o sin fines de lucro.” Para tipificarla considera como explotación a los trabajos o servicios forzados, esclavitud laboral, venta y/o utilización de personas para mendicidad, conflictos armados o reclutamiento para fines delictuosos. Incluye sanciones que van de seis a dieciséis años, según las características del ilícito; sean o no parientes de la víctima. (MCC)
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jueves, 5 de marzo de 2009
Doll House: personas convertidas en mercancía
Por Marco Cedillo Cobos
A finales de 2008 se produjo el allanamiento del night club Doll House, ubicado al norte de Quito, donde permanecían treinta mujeres jóvenes (entre ellas, 28 colombianas), que eran abusadas sexualmente, explotadas en salario y horario de trabajo, drogadas y sometidas a operaciones quirúrgicas para mejorar su imagen. Se las extorsionaba además con deudas que contraían antes de llegar a Ecuador.
Las jóvenes eran contactadas, en su propia tierra, por los dueños del negocio, quienes les ofrecían trabajo como damas de compañía, vendedoras o promotoras de productos variados, con ingresos mensuales de 1.000-1.500 dólares. Dichos ofrecimientos nunca se cumplieron pues en Ecuador fueron obligadas a prostituirse y tratadas como esclavas. Su turno de trabajo empezaba a las 18:00 y terminaba a las 06:00, pero cuando había gran demanda alargaban la jornada hasta las 11:00. Para que resistan, eran obligadas a consumir drogas y alcohol.
Lo que más dinero restaba a las jóvenes era el sistema de multas. Se les chequeaba el cuidado de las uñas, la presentación personal y el uso adecuado del uniforme. Y si algún cliente demostraba inconformidad o se quejaba del servicio recibido, se les aplicaba fuertes multas que afectaban a su ingreso mensual. El local cobraba 240 dólares por relación sexual y a ellas se les entregaba a fin de mes apenas 600 dólares, cuando –según la investigación- debían recibir más de 5 mil dólares.
En uno de los tantos intentos, dos de ellas escaparon y denunciaron el caso. Realizadas las investigaciones, la Policía allanó el local, confirmó la versión de las dos jóvenes, liberó a las detenidas y capturó a siete ecuatorianos y a un cubano: Luis Arévalo Duarte (propietario y administrador), Luis Falcón Masabanda (chofer), Édgar Falcón Masabanda (cobraba los cheques para pagar al personal), Ernesto Domínguez Guiraldo (jefe de seguridad), Martha Almeida Garzón (contadora) y a los guardias Vicente Caicedo Moreira, Jorge Simbaña Bedoya y Luz Guerrero López.
La Vicealcaldesa de Quito, Margarita Carranco, denunció el hecho; impulsó la clausura del local y el retiro del permiso de uso de suelo, pero a los pocos días -rompiendo los sellos de clausura (de la Intendencia y municipales)- el prostíbulo reabrió las puertas. Esto, a pesar de que el artículo 18 de la Ordenanza metropolitana (amparado en la Constitución ecuatoriana y en instrumentos internacionales) ordena suspender definitivamente el funcionamiento de todo establecimiento donde se detectare explotación sexual a menores de edad. “… Para el efecto, la autoridad competente procederá a su clausura definitiva y los Comisarios de cada Administración Zonal deberán vigilar que la sanción emitida a estos establecimientos no sea violada”. Entonces, ¿por qué lo reabren? ¿Quiénes están detrás de estos negocios? ¿Qué influencia tienen?, son algunas inquietudes que Javier Jiménez, Concejal de Quito, nos ayuda a entender.
¿Cómo llegaron las jóvenes?
Seguramente les ofrecieron un empleo y terminaron siendo explotadas y abusadas sexualmente. Ellas no solo atendían a los clientes sino que también eran abusadas por los propietarios o empleados.
La liberación, ¿cómo se da?
Dos jóvenes logran huir y denuncian. Ahí toma procedimiento la DINAPEN. Como Municipio de Quito, se procede a inspeccionar y verificar si se encontraban en la situación denunciada. El Municipio apoyó el cierre del centro porque el Código de la Niñez y Adolescencia así lo establece, y la ordenanza también.
¿Se confirmó que las chicas eran drogadas y con qué tipo de drogas?
Las 19 jóvenes aseguraron que fueron drogadas, que permanecían en trance todo el tiempo. Es una característica del trato de estas redes: sacarlas de la realidad para explotarlas y abusarlas más. Una vez que se apliquen los exámenes toxicológicos respectivos, la Fiscalía determinará el tipo de droga utilizado, pero sabemos que eran obligadas a consumir “éxtasis”, y parece que también cocaína por los vestigios encontrados en el local.
¿Ellas volvieron a su país?
A través del Consulado de Ipiales, 27 de ellas regresaron a Colombia y dos están bajo la Unidad de Protección de Testigos.
Al tratarse de extranjeras, ¿podrían emprender acciones legales?
Podrían. Si se consigue identificar a los integrantes de esta red de trata, el Fiscal ecuatoriano podría solicitar ayuda al de Colombia. No hay impedimento.
¿Qué tipo de gente va al Doll House?
Banqueros, políticos, gente de dinero y con poder, empresarios, gerentes. Claro, es que ofrece servicio ejecutivo. Bastaba que el cliente llame y el local le tenía lista la chica, sin importar a la hora que fuera. Estamos hablando de clientes de clase media y alta. Lo que se deduce por los altos costos del servicio.
¿Se podría hablar de redes internacionales?
Son redes que funcionan en todo el mundo. La trata maneja miles de millones de dólares. Es como el negocio de la droga, más o menos. Se conoce de redes que trafican con mujeres tailandesas, taiwanesas, vietnamitas. Esta es una de las nuevas formas de esclavitud modernas.
¿Se ha determinado la participación de alguna autoridad?
No. Ninguna de las chicas ha confirmado eso. Ha sido difícil establecer esta información, pero aseguran que sus clientes eran personas de mucho dinero.
¿Cómo reaccionaron los dueños al operativo?
Presentaron los permisos que se les había otorgado, pero se comprobó que estaban dedicándose a actividades distintas a las que fueron autorizados.
¿Cómo se está enfrentando el caso?
Tenemos la participación del Municipio de Quito, de la Función Judicial, de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo y otros actores e instancias más como la DINAPEN.
¿Quiénes otorgaron los permisos?
El de uso de suelo lo otorga el Municipio; la Intendencia autoriza la actividad. La Policía Nacional debía conocer la entrada de las jóvenes y lo que estaban haciendo aquí, etc.
¿Qué dice el permiso de funcionamiento otorgado por el Municipio?
Ellos pidieron permiso de uso de suelo para funcionar como restaurante pero se dedicaron a otras cosas; es decir, engañaron a la institución y autoridad municipal, lo que constituye un agravante.
¿El Municipio ha hecho seguimiento al permiso de uso de suelo?
Sí, pero en estos casos la competencia es de la Intendencia. El Municipio retiró el permiso pero ellos (Doll House) rompieron los sellos, fueron a la justicia a través de un recurso extraordinario de protección y dejaron en suspenso las medidas administrativas. Así constatamos la existencia de un vacío jurídico que no respalda las acciones del Municipio.
¿Qué pasó después del operativo?
El Municipio dio protección a las personas en lo sicológico, médico y legal. Luego se organizó una Veeduría con gente que está trabajando en el tema desde hace mucho tiempo.
¿Los detenidos siguen presos?
Cuatro de estas personas están libres porque los jueces decidieron que esta causa no ameritaba la prisión preventiva, pero la instrucción fiscal continúa.
¿En qué estado está el juicio?
Se abrió la instrucción fiscal que dura noventa días, proceso en el cual se hace todo tipo de diligencias y se recoge los elementos de convicción para llamarles a juicio. Al no existir orden de prisión preventiva no se requiere el conocimiento de un juzgado de lo penal. Según la Ley y el Código de Procedimiento Penal, el Fiscal debe impulsar el proceso investigativo para determinar responsabilidades. Hoy la trata es penada.
A finales de 2008 se produjo el allanamiento del night club Doll House, ubicado al norte de Quito, donde permanecían treinta mujeres jóvenes (entre ellas, 28 colombianas), que eran abusadas sexualmente, explotadas en salario y horario de trabajo, drogadas y sometidas a operaciones quirúrgicas para mejorar su imagen. Se las extorsionaba además con deudas que contraían antes de llegar a Ecuador.
Las jóvenes eran contactadas, en su propia tierra, por los dueños del negocio, quienes les ofrecían trabajo como damas de compañía, vendedoras o promotoras de productos variados, con ingresos mensuales de 1.000-1.500 dólares. Dichos ofrecimientos nunca se cumplieron pues en Ecuador fueron obligadas a prostituirse y tratadas como esclavas. Su turno de trabajo empezaba a las 18:00 y terminaba a las 06:00, pero cuando había gran demanda alargaban la jornada hasta las 11:00. Para que resistan, eran obligadas a consumir drogas y alcohol.
Lo que más dinero restaba a las jóvenes era el sistema de multas. Se les chequeaba el cuidado de las uñas, la presentación personal y el uso adecuado del uniforme. Y si algún cliente demostraba inconformidad o se quejaba del servicio recibido, se les aplicaba fuertes multas que afectaban a su ingreso mensual. El local cobraba 240 dólares por relación sexual y a ellas se les entregaba a fin de mes apenas 600 dólares, cuando –según la investigación- debían recibir más de 5 mil dólares.
En uno de los tantos intentos, dos de ellas escaparon y denunciaron el caso. Realizadas las investigaciones, la Policía allanó el local, confirmó la versión de las dos jóvenes, liberó a las detenidas y capturó a siete ecuatorianos y a un cubano: Luis Arévalo Duarte (propietario y administrador), Luis Falcón Masabanda (chofer), Édgar Falcón Masabanda (cobraba los cheques para pagar al personal), Ernesto Domínguez Guiraldo (jefe de seguridad), Martha Almeida Garzón (contadora) y a los guardias Vicente Caicedo Moreira, Jorge Simbaña Bedoya y Luz Guerrero López.
La Vicealcaldesa de Quito, Margarita Carranco, denunció el hecho; impulsó la clausura del local y el retiro del permiso de uso de suelo, pero a los pocos días -rompiendo los sellos de clausura (de la Intendencia y municipales)- el prostíbulo reabrió las puertas. Esto, a pesar de que el artículo 18 de la Ordenanza metropolitana (amparado en la Constitución ecuatoriana y en instrumentos internacionales) ordena suspender definitivamente el funcionamiento de todo establecimiento donde se detectare explotación sexual a menores de edad. “… Para el efecto, la autoridad competente procederá a su clausura definitiva y los Comisarios de cada Administración Zonal deberán vigilar que la sanción emitida a estos establecimientos no sea violada”. Entonces, ¿por qué lo reabren? ¿Quiénes están detrás de estos negocios? ¿Qué influencia tienen?, son algunas inquietudes que Javier Jiménez, Concejal de Quito, nos ayuda a entender.
¿Cómo llegaron las jóvenes?
Seguramente les ofrecieron un empleo y terminaron siendo explotadas y abusadas sexualmente. Ellas no solo atendían a los clientes sino que también eran abusadas por los propietarios o empleados.
La liberación, ¿cómo se da?
Dos jóvenes logran huir y denuncian. Ahí toma procedimiento la DINAPEN. Como Municipio de Quito, se procede a inspeccionar y verificar si se encontraban en la situación denunciada. El Municipio apoyó el cierre del centro porque el Código de la Niñez y Adolescencia así lo establece, y la ordenanza también.
¿Se confirmó que las chicas eran drogadas y con qué tipo de drogas?
Las 19 jóvenes aseguraron que fueron drogadas, que permanecían en trance todo el tiempo. Es una característica del trato de estas redes: sacarlas de la realidad para explotarlas y abusarlas más. Una vez que se apliquen los exámenes toxicológicos respectivos, la Fiscalía determinará el tipo de droga utilizado, pero sabemos que eran obligadas a consumir “éxtasis”, y parece que también cocaína por los vestigios encontrados en el local.
¿Ellas volvieron a su país?
A través del Consulado de Ipiales, 27 de ellas regresaron a Colombia y dos están bajo la Unidad de Protección de Testigos.
Al tratarse de extranjeras, ¿podrían emprender acciones legales?
Podrían. Si se consigue identificar a los integrantes de esta red de trata, el Fiscal ecuatoriano podría solicitar ayuda al de Colombia. No hay impedimento.
¿Qué tipo de gente va al Doll House?
Banqueros, políticos, gente de dinero y con poder, empresarios, gerentes. Claro, es que ofrece servicio ejecutivo. Bastaba que el cliente llame y el local le tenía lista la chica, sin importar a la hora que fuera. Estamos hablando de clientes de clase media y alta. Lo que se deduce por los altos costos del servicio.
¿Se podría hablar de redes internacionales?
Son redes que funcionan en todo el mundo. La trata maneja miles de millones de dólares. Es como el negocio de la droga, más o menos. Se conoce de redes que trafican con mujeres tailandesas, taiwanesas, vietnamitas. Esta es una de las nuevas formas de esclavitud modernas.
¿Se ha determinado la participación de alguna autoridad?
No. Ninguna de las chicas ha confirmado eso. Ha sido difícil establecer esta información, pero aseguran que sus clientes eran personas de mucho dinero.
¿Cómo reaccionaron los dueños al operativo?
Presentaron los permisos que se les había otorgado, pero se comprobó que estaban dedicándose a actividades distintas a las que fueron autorizados.
¿Cómo se está enfrentando el caso?
Tenemos la participación del Municipio de Quito, de la Función Judicial, de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo y otros actores e instancias más como la DINAPEN.
¿Quiénes otorgaron los permisos?
El de uso de suelo lo otorga el Municipio; la Intendencia autoriza la actividad. La Policía Nacional debía conocer la entrada de las jóvenes y lo que estaban haciendo aquí, etc.
¿Qué dice el permiso de funcionamiento otorgado por el Municipio?
Ellos pidieron permiso de uso de suelo para funcionar como restaurante pero se dedicaron a otras cosas; es decir, engañaron a la institución y autoridad municipal, lo que constituye un agravante.
¿El Municipio ha hecho seguimiento al permiso de uso de suelo?
Sí, pero en estos casos la competencia es de la Intendencia. El Municipio retiró el permiso pero ellos (Doll House) rompieron los sellos, fueron a la justicia a través de un recurso extraordinario de protección y dejaron en suspenso las medidas administrativas. Así constatamos la existencia de un vacío jurídico que no respalda las acciones del Municipio.
¿Qué pasó después del operativo?
El Municipio dio protección a las personas en lo sicológico, médico y legal. Luego se organizó una Veeduría con gente que está trabajando en el tema desde hace mucho tiempo.
¿Los detenidos siguen presos?
Cuatro de estas personas están libres porque los jueces decidieron que esta causa no ameritaba la prisión preventiva, pero la instrucción fiscal continúa.
¿En qué estado está el juicio?
Se abrió la instrucción fiscal que dura noventa días, proceso en el cual se hace todo tipo de diligencias y se recoge los elementos de convicción para llamarles a juicio. Al no existir orden de prisión preventiva no se requiere el conocimiento de un juzgado de lo penal. Según la Ley y el Código de Procedimiento Penal, el Fiscal debe impulsar el proceso investigativo para determinar responsabilidades. Hoy la trata es penada.
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