Vistas de página en total

datos personales

Mi foto
Periodista ecuatoriano comprometido con causas sociales...

martes, 28 de julio de 2009

Organización y lucha en torno al agua


Marco Cedillo Cobos

La vida cotidiana comunitaria dedica mucho tiempo a mingas, sesiones, capacitaciones, comisiones, resolución de conflictos, entre otros. Indudablemente, el esfuerzo de la gente no siempre alcanza para conseguir las condiciones de vida anheladas; sin embargo, los aproximadamente diez mil sistemas comunitarios (consumo humano y riego) permiten que el 45% de la población ecuatoriana acceda al agua. Para ellos, “el agua es poder y dinamiza la economía. Si nos quitan la gestión del agua acabarían con la organización comunitaria”, dicen. La importancia del trabajo de las juntas de agua se evidencia en los siguientes ejemplos:

Comunidad La Clementina, en Pelileo
Durante años, los comuneros-as de La Clementina (Tungurahua) perdían buena parte de sus cultivos debido a la escasa agua que llegaba a los terrenos. Había suficiente pero ésta, al estancarse en el canal, se desbordaba. Miembros de la junta de agua caminaban hasta cuatro horas, cerro arriba, para limpiar el canal. Equipados con palas y linternas, reptaban dentro del túnel, por más de trecientos metros, empujando el lodo, piedras, animales muertos y ramas, hasta restablecer el flujo del agua.

“Era un trabajo riesgoso y mucha gente no quería hacerlo”, recuerda Ángel Chicaiza. Por eso, la comunidad buscó apoyo económico para elevar 30 centímetros las coronas de los túneles. Esta acción, gestionada y ejecutada por ellos, mejoró el uso y manejo del agua de riego para 460 habitantes, lo que aumentó la productividad por m² de terreno.

Barrio La Vaquería, en Quito
“Consumíamos agua de lo que un monte escurría; teníamos abrevaderos a campo abierto, ahí nos bañábamos y lavábamos la ropa. A finales de los años 70, la Emaap construyó el Proyecto Pita-Tambo y nos contaminó la quebrada. Nuestros mayores pidieron a la Empresa que les deje una llave de agua pero no aceptó.

Asimismo, pidieron que les construya un sistema de agua con sus vertientes y les respondieron que como son cuatro indios que sigan nomás así, sin agua, pues no les era rentable. Eso había motivado a organizarse a nuestra gente, a concesionar el agua (MAGAP: 1977). Existía una fuerte preocupación porque el agua de la quebrada estaba contaminada.

“Encontramos unas vertientes desde donde cargábamos agua para la comida. Por los años 80, el directorio consigue ayuda del IEOS para constituir la junta de aguas. Nuestro afán por tener agua era tan grande que acarreábamos tubería de asbesto que estaban cambiando en Uyumbicho…”, narran los integrantes de la Junta.

Treinta años después, La Vaquería tiene un equipo que opera, mantiene, repara y mejora el sistema; clora el agua, elabora las cartas de pago, recauda las cuotas y administra la contribución de comuneros-as. Cada usuario aporta mensualmente USD 1.70, distribuido así: 1 dólar por 15 m³ de consumo de agua; USD 0,20 para el fondo mortuorio y servicio de funeraria; USD 0,50 para mejoramiento del barrio. Los dos primeros rubros los maneja la Junta, mientras el tercero se entrega a las directivas barriales.

En La Clementina anhelan aumentar y diversificar la producción agrícola y mejorar los sistemas de comercialización. La gente de La Vaquería sueña con un proyecto de ecoturismo. Ambas experiencias tienen similar motivación: aportar para mejorar sus condiciones de vida. Las resaltamos porque la elaboración de la normativa post Constitución, como la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, demanda el reconocimiento apreciativo de los directamente involucrados. Al respecto, Alberto Acosta alerta sobre la ausencia de una “pedagogía democrática”. El 17 de junio pasado, las juntas marcharon por las calles de Quito.

En el Palacio Presidencial y en el “Congresillo”
Al grito de “el agua no se vende, el agua se defiende” más de mil integrantes de las juntas llenaron la Plaza Grande. Una Comisión (cinco delegados) fue recibida por Jorge Jurado (SENAGUA ) y por varios asesores del presidente Correa. Mientras el diálogo se cumplía, el grueso de la delegación avivaba a sus dirigentes, atendía a los medios de comunicación, y se entusiasmaba con las coplas entonadas por un grupo de comuneros.

Las juntas pidieron ser reconocidas como sistemas comunitarios; una sola autoridad del agua; tarifa mínima de consumo acordada entre la comunidad y la autoridad; participación en la gestión y administración de cuencas; reconocimiento del Derecho comunitario; protección de las fuentes de agua; 360 días de plazo para canjear las concesiones a autorizaciones del uso y aprovechamiento del agua, una vez que se apruebe la nueva ley.

Acompañada de dos autoridades del Gobierno, la Comisión volvió a la concentración y se posó ante sus bases. Megáfono en mano, Jorge Jurado, luego de reconocer el importante aporte de las juntas para que la población acceda al agua potable y de riego, resaltó la apertura de la SENAGUA para acoger los planteamientos de los campesinos e indígenas. Respecto de la autoridad única del agua manifestó: “hay límites que debemos observar desde otros planos. Existe una política del Gobierno de manejar el agua con otros subsectores, y eso también debemos aceptarlo”. Lo importante, enfatizó, es que sepan que estamos abiertos al diálogo con todos los usuarios del agua y en ese proceso las juntas juegan un papel preponderante. “Existen altas posibilidades de que muchos de sus planteamientos se integren en la nueva ley”, concluyó.

Luego de los aplausos, la marcha encaminó hacia el “Congresillo”. En la parte posterior del ex Congreso Nacional, se conformó una delegación para que exponga la propuesta ante los asambleístas, entre los cuales estaban Jaime Abril, titular de la Mesa de Salud y Ambiente, y Fernando Cordero, presidente de la Comisión de Legislación y Fiscalización, quien dio la bienvenida a la delegación.

Apoyados en un material en power point los delegados de las juntas presentaron a su organización y demandaron que las autoridades e instancias gubernamentales realicen las acciones necesarias para garantizar el derecho humano al agua y la soberanía alimentaria de la población ecuatoriana.

Fernando Cordero manifestó que la “Ley de Aguas” será producto de un trabajo colectivo, con amplia y activa participación ciudadana. “Creo que el tema del agua será una razón poderosa para unirnos más”, dijo. Ofreció invitar a las juntas a la socialización del proyecto de ley o que, incluso, algunos asambleístas irían a las comunidades para debatir sobre su contenido. Asimismo, Cordero recordó que “Según la Constitución el agua es un derecho fundamental y por ningún concepto podrá ser privatizada. El agua es uno de los elementos cuantitativos y cualitativos para alcanzar la soberanía alimentaria.”.

Las JAAPRE se mantendrán vigilantes
Al concluir la medida, hombres y mujeres de las Juntas de agua de siete provincias mostraban distintos estados de ánimo (además de cansancio por la vigilia). Unos confiaban que su planteamiento se incluirá en la ley; otros se preguntaban: “… si tantas ganas de dialogar tienen ¿por qué el proyecto de esta ley lleva cuatro versiones y no se ha puesto lo que proponemos?”. Por lo tanto, aseguraron que vigilarán de cerca el proceso. “Hemos de venir las veces que sean necesarias; si las cosas no se dan, no sé lo que pueda pasar”, manifestó Rafael Guallichico.

Linchamiento no es sinónimo de justicia indígena

Las imágenes que comúnmente muestran los medios de comunicación masiva en las cuales una turba enardecida, armada de palos y látigos, acosa y castiga a un supuesto infractor, no es justicia indígena. Es, más bien, un indicio de la desconfianza que un alto porcentaje de la población ecuatoriana mantiene frente a las instituciones que tienen la responsabilidad de administrar justicia.

Los “linchamientos” han sucedido desde hace muchos años y a nivel nacional, especialmente donde el Estado no actúa o está ausente. Según estadísticas del Centro de Documentación de la CEDHU (1991-2008), este fenómeno ha ocurrido, principalmente, en sectores urbanos o rurales con presencia de población mestiza, en Tungurahua, Pichincha, Manabí, Cotopaxi y Chimborazo. Como actores principales aparecen grupos de taxistas, y población en general especialmente familiares de los afectados. Es decir, no ocurren solo en las comunidades, como se quiere hacer creer.

La justicia indígena pasa por un proceso de largas jornadas de debate y reflexión sobre las acciones a tomar, escuchar la versión de los implicados, la importante participación de la organización comunitaria y, especialmente, el sentido de recuperar la armonía de la comunidad.

Andrés Guerrero , en el artículo: “Los Linchamientos en las Comunidades Indígenas”, habla del sentido “performativo” de estos sucesos que buscarían captar la atención de autoridades y, posiblemente, emitir una advertencia para quienes acostumbran atentar contra estos grupos sociales. Esta situación explicaría el por qué muchas veces las cámaras y micrófonos cubren lo que la Policía ni se ha enterado; estrategia que transforma un asunto local en un acontecimiento nacional.

Indudablemente, al ser un tema no tan fácil de entender requerirá de mucha sensibilidad, apertura y compromiso para lograr acuerdos y establecer mecanismos eficientes y eficaces que destierren las prácticas atentatorias a la vida de las personas. A continuación, una estadística sobre nuevos linchamientos ocurridos este año: