"Nos quedamos aquí para vivir de lo que da la tierra" 1

En un país cuyos gobiernos tradicionalmente han desatendido las demandas sociales del campo, la vida en las comunidades indígenas y campesinas es dura. Sin embargo, la gente se da formas y encuentra nuevas opciones para mejorar sus condiciones de vida. Este es el caso de Condorahua, comunidad campesina ubicada a tres horas de Quito (capital del Ecuador), en la que habitan 80 familias, 36 de las cuales conformaron el grupo de mujeres “Compartiendo una Esperanza”, con el propósito de eliminar el uso de químicos en la producción agrícola y desarrollar prácticas agroecológicas, respetuosas del conocimiento ancestral, del ambiente y del ser humano.

“Con el apoyo de Swissaid, y gracias a las giras de observación que hemos hecho por varias provincias del país, nos dimos cuenta que estábamos procediendo mal. Aprendimos cosas nuevas de esos productores: ejemplo a elaborar biol, por eso –ahora- todo lo que consumimos en la familia y vendemos en el mercado es sin químicos”, asegura Beatriz Sánchez, integrante del grupo.

Estos aprendizajes provocaron que las familias vuelvan a creer en sus posibilidades: se quedaron en su comunidad para “vivir de lo que da la tierra”, antes que migrar a las ciudades para trabajar en lo que sea, o mendigar por las calles, como lo hace un buen porcentaje de campesinos ecuatorianos. Con orgullo, contaron que van a la ciudad para vender sus productos, comprar cosas que necesitan; o de paseo.

Producir sin químicos
No es fácil mantener esa línea productiva, pues la industria de químicos bombardea al productor campesino y le ofrece alta rentabilidad para sus cosechas. Muchos de ellos sucumben ante la tentación, pero el grupo “Compartiendo una Esperanza” fortalece su opción y evidencia las ventajas que encuentra en “trabajar la tierra, respetando a la Pachamama”. “Aprovechar lo que da la naturaleza para beneficio nuestro y de ella, sin dañar el ambiente y la salud de las personas, eso es para nosotros producir agroecológicamente”, comenta Ángel Criollo.

Por su parte, Rosario Palate recuerda que en Condorahua cultivaban papa, maíz, cebada, trigo, lenteja. “Como no sabíamos el daño que nos hacíamos, usábamos los químicos 15-15 o el 48-0. Hoy, usando biol y lo que hemos aprendido de Agroecología, tenemos manzana, pera, tomate de árbol, guayaba, coles, granadilla, babaco, suquini, haba, lechuga, cedrón, toronjil, manzanilla y otros productos que consumimos en la familia y vendemos en el mercado. Nuestro sueño es que todos dejemos los químicos, porque solo así seremos una comunidad agroecológica de verdad”, afirma.

Preparar biol, como alternativa sana y económica
Dentro de la producción agroecológica, la elaboración de bioles es de suma importancia porque promueve la utilización de lo que se genere en la granja: desechos, rastrojos, estiércoles (cuy, vaca, chancho), elementos propios (hierbas amargas), sulfomag y roca fosfórica (productos que conservan su composición química natural, autorizada en la producción agroecológica) y que, generalmente, están en el entorno del campesino.

Introducir estas nuevas prácticas requiere un acompañamiento efectivo. “Al principio no entendíamos la utilidad del biol, ni cómo se preparaba; peor la dosis precisa para poner en las plantas. Un poco de desconfianza teníamos (hay gente que viene a ofrecernos tantas cosas)”, reconoce doña Rosario; “… pero poco a poco, yendo a giras de observación, viendo cómo lo hacían agricultores de otras regiones, asistiendo a capacitaciones que llamaba Swissad, fuimos aprendiendo a usar este abono orgánico”.

Doña Beatriz Sánchez repasa la preparación del biol: “tenemos un tanque de 200 litros (ubicado en un sitio fresco y ventilado); colocamos agua sin cloro (mejor si es de lluvia o de fuente) hasta las ¾ partes del tanque; ponemos el abono de gallina, vaca o de cuy; colocamos la alfalfa picada, la melaza, el sulfomag y la roca fosfórica. Esto hay que remover cada rato. Después, en agua tibia, se diluye la levadura y le ponemos al tanque. Se debe hacer un hueco en la tapa para colocar la manguera (de las que se usa en las cocinas de gas) con una botella con agua para evitar que los gases (que produce la mezcla) contaminen el ambiente e impedir que el aire entre al tanque”.

Ella misma completa el proceso de uso y aplicación del biol: “hay que cerrar bien el tanque y no tocarlo durante 30-45 días. Antes de usar el biol, debemos cernirlo y preparar la dosis, según el estado de la planta. Nosotros hacemos así: un litro de biol puro por cada 100 litros de agua (imagínese, dice, cuánta plata nos ahorramos). Llenamos la bomba y lo ponemos en las plantas 3-4 veces a la semana.”

Un aspecto importante a considerar es la dosificación adecuada. Los productores recuerdan dos experiencias de compañeros que pusieron biol puro en sus siembras y, por supuesto, lo perdieron todo. “A pesar de eso, dicen, la gente volvió a hacer biol y mejoró su aplicación; claro, con la debida capacitación que nosotros y la Facilitadora de Swissaid, Alicia Muñoz, les dimos”.

La utilización del biol es factible porque el campesino consigue fácilmente la roca fosfórica o el sulfato, pues en almacenes de agroquímicos se los consigue a precios bajos. De igual forma, algunos centros educativos, granjas, gobiernos provinciales o municipios los producen y abastecen al mediano y pequeño productor. Es decir, son productos sumamente accesibles. Tanta aceptación está logrando el uso de biofertilizantes por parte de los productores campesinos que, incluso, los mismos almacenes agrícolas lo expenden embotellado; por supuesto, a muy elevados precios.

"Nos quedamos aquí para vivir de lo que da la tierra" 2

Conocimiento ancestral y nuevas tecnologías
Históricamente, los campesinos han rociado sus campos con “bombas de mochila”, un pesado bulto que hombres, mujeres y niños cargan a sus espaldas durante largas jornadas de trabajo. Por supuesto, además de las dificultades para alcanzar plantas altas y/o ubicadas en sitios de difícil acceso, la salud de los agricultores ha sido fuertemente afectada. Pensando en maximizar la utilidad del biol y mejorar las condiciones de sus tareas, varios integrantes del grupo “Compartiendo una Esperanza” hicieron un esfuerzo adicional y adquirieron una “bomba estacionaria” por familia.

Según don Segundo Criollo, “esta herramienta nos ayuda enormemente porque la ubicamos en cualquier sitio, preparamos el biol, conectamos la manguera de entrada y de salida, extendemos la manguera, prendemos la bomba y llegamos a distancias más largas, a plantas más altas y, sobre todo, sin cargar nada; esta maquinita nos permite ampliar la jornada de trabajo, involucrar a más personas en las labores y cubrir más espacio de terreno sembrado. Por eso, aunque cuesta 250 dólares, hicimos un esfuerzo adicional y la compramos, con ayuda de otra institución”, explica.

Sábado a sábado en ferias y mercados
Cargados con “guangos” de plantas medicinales, hortalizas y cajas de frutas, los y las productores van todos los fines de semana (desde las 6 de la mañana hasta el medio día) a los mercados de Ambato: la Plaza Pachano y el Mercado mayorista. Cuentan que, como un buen grupo de consumidores urbanos los conoce, les resulta bastante fácil vender sus productos. “Vienen donde nosotros porque saben que no usamos químicos y les damos buenos precios. O sea, estamos armando una red entre productores y consumidores que buscan productos sanos”, aseguran.

Las 36 familias, con 5-8 hijos, por las ventas semanales, reúnen USD 350 al mes, que les sirve para comprar otros alimentos, atender necesidades de la familia y apoyar la educación de sus hijos. Sin embargo, como el dinero no les alcanza, están sacando ruda y sangoracha, dos plantas buscadas por la industria costeña para elaborar jabón, champú; vino, aceite y gelatina, respectivamente. De ese modo, completan los ingresos económicos y le siguen ganando terreno a la esperanza. “Algunas personas no entienden lo que es producir sin químicos, y no pagan lo que pedimos; pero no nos desanimamos. Al contrario, queremos fortalecer estas ventas para llegar directamente al consumidor y evitar a los intermediarios que se llevan mucho de nuestro esfuerzo”, aseguran a viva voz.

MATERIALES PARA ELABORAR BIOL
1 tanque de 200 litros.
1 m de plástico grueso.
1.5 m de manguera de gas.
1 bote pequeño de plástico.
1 piola o cuerda para amarrar.
1 quintal de estiércol de vaca, cerdo, cabra, cuy o de pollo.
1 atado mediano de leguminosas (rastrojos de fréjol, habas, arveja u otros; picado finamente).
4 litros de melaza, jugo de caña, chicha. O panela rallada.
8 libras de sulfomag.
8 libras de roca fosfórica.
2 libras de levadura.

Puede añadirse un atado de guanto picado, ají, ajo, ortiga, ruda, matico, ajenjo, porque le otorgan características insecticidas.

pintando sus derechos

La sobreexplotación de recursos enferma a la Tierra

Seguramente muchos de ustedes recordarán lo que sucede cuando alguien enferma. Entre otras cosas, siente fiebre, vómitos, mareos, debilidad; abandona sus actividades normales y quiere descansar. Si el enfermo es atendido, podría recuperar la salud; si no recibe ayuda médica, agravaría y podría, incluso, morir.

Algo parecido está sucediendo con la naturaleza. Los bruscos cambios de clima, la sequía, las inundaciones, los deshielos de los polos, las temperaturas elevadas, el calentamiento global, las catástrofes naturales, sin duda, son resultado del abuso cotidiano de los seres humanos contra el planeta. Por eso afirmamos que la naturaleza está enferma, y que de modo urgente requiere tratamiento para curarse.

Los llamados países desarrollados son los que más contaminan, porque sus grandes industrias producen desechos y emanan gases que intoxican el ambiente. Entre los países más contaminantes están Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, India, China, Finlandia, Canadá, Kuwait, Australia, Estonia, Suecia, Noruega, China.

Estos países, cada cierto tiempo, se reúnen en cumbres mundiales para decidir acciones que detengan la aniquilación del mundo. Lamentablemente, los tres últimos foros realizados en Río de Janeiro (Brasil: 1992); Kioto (Japón: 1996) y en Copenhague (Dinamarca: 2009) no han producido resultados favorables para disminuir la emisión de gases dañinos como el anhídrido carbono (CO₂).

En Copenhague, el presidente de los EE.UU., Barack Obama, manifestó su preocupación: “la amenaza del cambio climático es seria (…) y está aumentando. La historia juzgará la respuesta de nuestra generación a este desafío, porque si no le hacemos frente –de manera audaz, rápida y conjunta– arriesgamos entregarles a generaciones futuras una catástrofe irreversible (…). Y se nos está acabando el tiempo (…). (Fuente: Wikipedia).

De igual forma, la principal autoridad de la Iglesia católica, Benedicto XVI, con ocasión del inicio de año, también alertó al mundo sobre la urgencia de luchar contra el deterioro del ambiente: “La protección de la creación es un factor importante de paz y justicia”, demandó. (Fuente: El Expreso).

Sin embargo, las organizaciones sociales calificaron a la reunión de Dinamarca como un verdadero fracaso, pues aseguran que “esa convención no trata (trató) de las causas y soluciones reales al cambio climático, sino sobre todo de cómo gestionar y aumentar las ganancias con el comercio del cielo y el aire limpio” (Fuente: Matrix climática), y resaltan la lucha de las organizaciones campesinas, indígenas, pescadores artesanales y diversas comunidades para conseguir un verdadero cambio climático.

¿Solo los grandes países contaminan?
No. Aunque es importante resaltar que los principales contaminadores son los países desarrollados, necesitamos asumir nuestra responsabilidad; caso contrario, seguiremos pensando que el calentamiento global, el efecto invernadero, la pérdida de importantes recursos naturales como el agua y la tierra son problemas provocados por otros. Que nos afecta sí, pero que no podemos hacer nada para cambiar esta realidad. Y eso no es cierto.

¿Qué podemos hacer? En verdad, mucho. Ejemplo: cuidar mejor el agua y sus fuentes, no contaminar los ríos, mejorar el tratamiento de la basura, disminuir el uso de vehículos motorizados, ahorrar energía, reforestar con plantas nativas, producir y consumir alimentos sanos. Y otras cosas que seguramente las conocen, o que se les puede ocurrir.

Lo importante es salvar al planeta, porque de esta forma estamos asegurando la vida para nuestros hijos y nietos. No debemos olvidar que, según el informe “Planeta Vivo 2006” (WWF/Adena), para el año 2050 la humanidad estará usando dos veces el valor de los recursos naturales del planeta (si es que antes no se han agotado); y asegura que la Tierra, como están las cosas ahora, será incapaz de responder a tal demanda.

“La Maldición de la Abundancia”

Desde noviembre del año pasado, está en circulación el libro “La Maldición de la Abundancia”, de Alberto Acosta. La publicación de este texto se produce cuando el Gobierno de Rafael Correa promociona la minería a gran escala como una vía para superar la pobreza, mientras que varias organizaciones comunitarias y ecologistas la rechazan por considerarla una amenaza para la naturaleza y para la biodiversidad del país.

“La Maldición de la Abundancia” analiza los flojos resultados en cuanto a desarrollo, y el inmenso retroceso que para el Ecuador significó la época petrolera, debido a que no se atendió la deuda social y ambiental a pesar de la gran cantidad de dinero que produjo. Acosta explica que en los años 80 se impulsó la inversión por parte de empresas extranjeras en proyectos existentes o nuevos, sin considerar las demandas sociales o ambientales. Y sin mayor beneficio en las ganancias por parte del Estado.

El autor asegura que se vive un inminente agotamiento del petróleo, frente a lo cual el país deberá decidir si seguir un nuevo extractivismo, afianzado en la explotación limpia de minerales a gran escala, o superar esta “obsesión” construyendo alternativas sostenibles a largo plazo. El Ecuador ha sido un país cacaotero, bananero, floricultor y petrolero, pero que no se ha desarrollado nacionalmente. Al contrario, enfatiza, este modelo no ha resuelto los problemas de los ecuatorianos.

Eduardo Gudynas, ecologista uruguayo y autor del prólogo, cree que el texto de Acosta es un libro caliente, lleno de pasión y compromiso por su país y su gente. Que ofrece alternativas para abandonar la minería a gran escala y a cielo abierto. Que propone una estrategia con opciones de consulta previa, ordenamiento territorial y con normas ambientales sumamente exigentes.

El libro no propone cerrar los pozos petroleros, pero sí que el Estado recupere el control del petróleo y la minería, y que aumente las ganancias por la venta de estos productos. Insiste, asimismo, en la necesidad de reorganizar la participación del país en el mercado internacional, que se elaboren más productos para atender el mercado nacional, y que los ingresos por petróleo aseguren educación, salud, trabajo y vivienda para la población.

En “La Maldición de la Abundancia” se insiste en que el desarrollo del Ecuador debe pensarse desde el Sumak Kawsay:

1. Cuestionar la idea del progreso entendida como la acumulación interminable de bienes materiales.
2. Provocar el reencuentro de la economía y de la sociedad con la naturaleza, se debe pasar del antropofismo al biopluralismo (no pretender dominar ni vencer a la naturaleza).
   
3. Construir la democracia pero con una metodología democrática, para asegurar que los productos finales sean verdaderamente democráticos.
   

Inquietudes flotantes

• ¿Por qué la riqueza natural del Ecuador no mejora la calidad de vida de la población y más bien complica las condiciones de pobreza?
• ¿Será acaso que somos pobres porque tenemos esa inmensa riqueza en recursos naturales?
• ¿Cómo explicar la contradicción entre la abundante riqueza natural y la pobreza en nuestro país?
• ¿Qué implicaciones tiene la extracción de petróleo u otros minerales sobre la economía, sobre la sociedad y la política?
• ¿Es posible superar los efectos negativos de la abundancia de recursos naturales?
• ¿Será imposible evitar los fracasos de la época del cacao, del banano y del petróleo?

“La Maldición de la Abundancia” se vende en kioscos y en la editorial Abya Yala.

Alberto Acosta

Economista ecuatoriano (1948). Ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y ex ministro de Energía y Minas. Profesor e investigador universitario. Asesora a organizaciones sociales y escribe en varios periódicos y otros medios de comunicación. Autor de varios libros de circulación nacional e internacional.

¿Soberanía Alimentaria o transgénicos?

Suenan raro estos dos temas, verdad. Veamos de qué se tratan.

En la cartilla “La Mala Semilla”, elaborada por Acción Ecológica, se define a los transgénicos como “las plantas o animales a los que, en un laboratorio, se les pone genes de otra especie, así se consigue que tengan una forma de ser que antes no tenía”. Las grandes empresas, y los científicos que han contratado, hacen esto para que los cultivos sean más resistentes a las enfermedades, a las sequías o a las heladas. O para conseguir frutos más grandes que los normales.

El problema es que con esos transgénicos (o sea, los productos alterados) se agrega sustancias para matar malezas y plagas. También producen alergias en las personas y hay información de que hasta está matando gente en países donde se ha sembrado productos con semillas transgénicas. La cosa es que a la larga no sirve para nada porque los insectos y las plagas se vuelven resistentes y hasta se transforman en súper plagas y súper insectos. O sea, como dice la gente: “sale el tiro por la culata”.

Ahora veamos lo que es la Soberanía Alimentaria. Este concepto fue elaborado por campesinos y productos organizados en la Vía Campesina y dice que “es el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a terceros países. El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y, cómo y quién se lo produce.”

Entonces, ya se dio cuenta por dónde va la cosa. Claro. El problema está en que estas semillas transgénicas son producidas por grandes empresas extranjeras que quieren arrebatarnos el control de nuestra alimentación. Si eso llega a pasar, ahí sí la cosa se pone difícil porque los productores del campo ni siquiera podrán ser dueños de sus semillas ni de la comida.

La Constitución nos protege
Ventajosamente, en el Ecuador, con la aprobación de la Constitución Política (2008), estamos protegidos contra la entrada de estos peligrosos productos y semillas transgénicas. El Artículo 401 de la Constitución dice claramente: “Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas”. Asimismo, en el Artículo 13 de este mismo documento se ordena establecer a la Soberanía Alimentaria como objetivo estratégico y establece que el Estado sea su principal promotor.

Explicado esto, podríamos decir que no hay de qué preocuparnos. Hay que estar vigilantes para que se cumpla en la práctica lo que está escrito en el papel. “Del dicho al hecho hay mucho trecho”, dice un conocido refrán. Por eso es importante que los y las productores del campo se interesen más sobre estos temas. Averigüen, pregunten, consulten, amplíen su conocimiento y propongan ideas para organizarse en torno a este tema.

Aspectos que demanda la Soberanía Alimentaria

• Producir agroecológicamente y pensando en atender, especialmente, la demanda de mercados locales.
• Garantizar que el campesino tenga tierra, agua, semillas, bosque, pesca, crédito y otros recursos.
• Promover que la comunidad controle los recursos productivos.
• Políticas públicas que fomenten la actividad productiva familiar y comunitaria.
• Proteger los mercados locales de los productos subvencionados (dumping).
• Desarrollar reales políticas de redistribución de la tierra y el agua.
• Vigencia del derecho de los consumidores a contar con alimentos sanos, fáciles de conseguir y acordes con su cultura.
• Que el agua mantenga su condición de bien público.
• Cumplimiento, por parte del Estado, la disposición constitucional que prohíbe el ingreso de transgénicos.
• Que los campesinos decidan qué sembrar y los consumidores lo que consumirán.
• Participación de los pueblos en la definición de políticas agrarias.
• Mayor reconocimiento del aporte de la mujer campesina en la producción agrícola y en la alimentación.
• Trato justo para los países pobres en el comercio internacional.

Aquí radica la importancia de estos dos temas. Defender y construir la Soberanía Alimentaria y luchar contra la amenaza de los transgénicos exige involucramiento, reflexión y ejecución de acciones que respondan, en la práctica, a disposiciones constitucionales, pero también a demandas sentidas de los pueblos.

Transgénicos. Soberanía Alimentaria. Póngale atención a estos dos términos.

Organización y lucha en torno al agua

Marco Cedillo Cobos

La vida cotidiana comunitaria dedica mucho tiempo a mingas, sesiones, capacitaciones, comisiones, resolución de conflictos, entre otros. Indudablemente, el esfuerzo de la gente no siempre alcanza para conseguir las condiciones de vida anheladas; sin embargo, los aproximadamente diez mil sistemas comunitarios (consumo humano y riego) permiten que el 45% de la población ecuatoriana acceda al agua. Para ellos, “el agua es poder y dinamiza la economía. Si nos quitan la gestión del agua acabarían con la organización comunitaria”, dicen. La importancia del trabajo de las juntas de agua se evidencia en los siguientes ejemplos:

Comunidad La Clementina, en Pelileo
Durante años, los comuneros-as de La Clementina (Tungurahua) perdían buena parte de sus cultivos debido a la escasa agua que llegaba a los terrenos. Había suficiente pero ésta, al estancarse en el canal, se desbordaba. Miembros de la junta de agua caminaban hasta cuatro horas, cerro arriba, para limpiar el canal. Equipados con palas y linternas, reptaban dentro del túnel, por más de trecientos metros, empujando el lodo, piedras, animales muertos y ramas, hasta restablecer el flujo del agua.

“Era un trabajo riesgoso y mucha gente no quería hacerlo”, recuerda Ángel Chicaiza. Por eso, la comunidad buscó apoyo económico para elevar 30 centímetros las coronas de los túneles. Esta acción, gestionada y ejecutada por ellos, mejoró el uso y manejo del agua de riego para 460 habitantes, lo que aumentó la productividad por m² de terreno.

Barrio La Vaquería, en Quito
“Consumíamos agua de lo que un monte escurría; teníamos abrevaderos a campo abierto, ahí nos bañábamos y lavábamos la ropa. A finales de los años 70, la Emaap construyó el Proyecto Pita-Tambo y nos contaminó la quebrada. Nuestros mayores pidieron a la Empresa que les deje una llave de agua pero no aceptó.

Asimismo, pidieron que les construya un sistema de agua con sus vertientes y les respondieron que como son cuatro indios que sigan nomás así, sin agua, pues no les era rentable. Eso había motivado a organizarse a nuestra gente, a concesionar el agua (MAGAP: 1977). Existía una fuerte preocupación porque el agua de la quebrada estaba contaminada.

“Encontramos unas vertientes desde donde cargábamos agua para la comida. Por los años 80, el directorio consigue ayuda del IEOS para constituir la junta de aguas. Nuestro afán por tener agua era tan grande que acarreábamos tubería de asbesto que estaban cambiando en Uyumbicho…”, narran los integrantes de la Junta.

Treinta años después, La Vaquería tiene un equipo que opera, mantiene, repara y mejora el sistema; clora el agua, elabora las cartas de pago, recauda las cuotas y administra la contribución de comuneros-as. Cada usuario aporta mensualmente USD 1.70, distribuido así: 1 dólar por 15 m³ de consumo de agua; USD 0,20 para el fondo mortuorio y servicio de funeraria; USD 0,50 para mejoramiento del barrio. Los dos primeros rubros los maneja la Junta, mientras el tercero se entrega a las directivas barriales.

En La Clementina anhelan aumentar y diversificar la producción agrícola y mejorar los sistemas de comercialización. La gente de La Vaquería sueña con un proyecto de ecoturismo. Ambas experiencias tienen similar motivación: aportar para mejorar sus condiciones de vida. Las resaltamos porque la elaboración de la normativa post Constitución, como la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, demanda el reconocimiento apreciativo de los directamente involucrados. Al respecto, Alberto Acosta alerta sobre la ausencia de una “pedagogía democrática”. El 17 de junio pasado, las juntas marcharon por las calles de Quito.

En el Palacio Presidencial y en el “Congresillo”
Al grito de “el agua no se vende, el agua se defiende” más de mil integrantes de las juntas llenaron la Plaza Grande. Una Comisión (cinco delegados) fue recibida por Jorge Jurado (SENAGUA ) y por varios asesores del presidente Correa. Mientras el diálogo se cumplía, el grueso de la delegación avivaba a sus dirigentes, atendía a los medios de comunicación, y se entusiasmaba con las coplas entonadas por un grupo de comuneros.

Las juntas pidieron ser reconocidas como sistemas comunitarios; una sola autoridad del agua; tarifa mínima de consumo acordada entre la comunidad y la autoridad; participación en la gestión y administración de cuencas; reconocimiento del Derecho comunitario; protección de las fuentes de agua; 360 días de plazo para canjear las concesiones a autorizaciones del uso y aprovechamiento del agua, una vez que se apruebe la nueva ley.

Acompañada de dos autoridades del Gobierno, la Comisión volvió a la concentración y se posó ante sus bases. Megáfono en mano, Jorge Jurado, luego de reconocer el importante aporte de las juntas para que la población acceda al agua potable y de riego, resaltó la apertura de la SENAGUA para acoger los planteamientos de los campesinos e indígenas. Respecto de la autoridad única del agua manifestó: “hay límites que debemos observar desde otros planos. Existe una política del Gobierno de manejar el agua con otros subsectores, y eso también debemos aceptarlo”. Lo importante, enfatizó, es que sepan que estamos abiertos al diálogo con todos los usuarios del agua y en ese proceso las juntas juegan un papel preponderante. “Existen altas posibilidades de que muchos de sus planteamientos se integren en la nueva ley”, concluyó.

Luego de los aplausos, la marcha encaminó hacia el “Congresillo”. En la parte posterior del ex Congreso Nacional, se conformó una delegación para que exponga la propuesta ante los asambleístas, entre los cuales estaban Jaime Abril, titular de la Mesa de Salud y Ambiente, y Fernando Cordero, presidente de la Comisión de Legislación y Fiscalización, quien dio la bienvenida a la delegación.

Apoyados en un material en power point los delegados de las juntas presentaron a su organización y demandaron que las autoridades e instancias gubernamentales realicen las acciones necesarias para garantizar el derecho humano al agua y la soberanía alimentaria de la población ecuatoriana.

Fernando Cordero manifestó que la “Ley de Aguas” será producto de un trabajo colectivo, con amplia y activa participación ciudadana. “Creo que el tema del agua será una razón poderosa para unirnos más”, dijo. Ofreció invitar a las juntas a la socialización del proyecto de ley o que, incluso, algunos asambleístas irían a las comunidades para debatir sobre su contenido. Asimismo, Cordero recordó que “Según la Constitución el agua es un derecho fundamental y por ningún concepto podrá ser privatizada. El agua es uno de los elementos cuantitativos y cualitativos para alcanzar la soberanía alimentaria.”.

Las JAAPRE se mantendrán vigilantes
Al concluir la medida, hombres y mujeres de las Juntas de agua de siete provincias mostraban distintos estados de ánimo (además de cansancio por la vigilia). Unos confiaban que su planteamiento se incluirá en la ley; otros se preguntaban: “… si tantas ganas de dialogar tienen ¿por qué el proyecto de esta ley lleva cuatro versiones y no se ha puesto lo que proponemos?”. Por lo tanto, aseguraron que vigilarán de cerca el proceso. “Hemos de venir las veces que sean necesarias; si las cosas no se dan, no sé lo que pueda pasar”, manifestó Rafael Guallichico.

Linchamiento no es sinónimo de justicia indígena

Las imágenes que comúnmente muestran los medios de comunicación masiva en las cuales una turba enardecida, armada de palos y látigos, acosa y castiga a un supuesto infractor, no es justicia indígena. Es, más bien, un indicio de la desconfianza que un alto porcentaje de la población ecuatoriana mantiene frente a las instituciones que tienen la responsabilidad de administrar justicia.

Los “linchamientos” han sucedido desde hace muchos años y a nivel nacional, especialmente donde el Estado no actúa o está ausente. Según estadísticas del Centro de Documentación de la CEDHU (1991-2008), este fenómeno ha ocurrido, principalmente, en sectores urbanos o rurales con presencia de población mestiza, en Tungurahua, Pichincha, Manabí, Cotopaxi y Chimborazo. Como actores principales aparecen grupos de taxistas, y población en general especialmente familiares de los afectados. Es decir, no ocurren solo en las comunidades, como se quiere hacer creer.

La justicia indígena pasa por un proceso de largas jornadas de debate y reflexión sobre las acciones a tomar, escuchar la versión de los implicados, la importante participación de la organización comunitaria y, especialmente, el sentido de recuperar la armonía de la comunidad.

Andrés Guerrero , en el artículo: “Los Linchamientos en las Comunidades Indígenas”, habla del sentido “performativo” de estos sucesos que buscarían captar la atención de autoridades y, posiblemente, emitir una advertencia para quienes acostumbran atentar contra estos grupos sociales. Esta situación explicaría el por qué muchas veces las cámaras y micrófonos cubren lo que la Policía ni se ha enterado; estrategia que transforma un asunto local en un acontecimiento nacional.

Indudablemente, al ser un tema no tan fácil de entender requerirá de mucha sensibilidad, apertura y compromiso para lograr acuerdos y establecer mecanismos eficientes y eficaces que destierren las prácticas atentatorias a la vida de las personas. A continuación, una estadística sobre nuevos linchamientos ocurridos este año:

Las Ferias Agroecológicas construyen la soberanía alimentaria

Marco Cedillo Cobos

El 15 de marzo pasado, en el parque La Carolina, se realizó la “Segunda Feria Agroecológica Arte y Cultura”, en la cual pequeños productores de provincias y Quito, integrados en el Colectivo Agroecológico, ofrecieron hortalizas, verduras, frutas, granos secos y variadas artesanías; productos elaborados como lácteos, apícolas, golosinas tradicionales, pan de yuca, quinua, jabones, cremas artesanales. Asimismo, los expositores facilitaron información sobre agroecología, agricultura orgánica, semillas, huertos urbanos y construcciones alternativas. La sección arte y cultura presentó espacios para el aprendizaje y la diversión en familia. Además, el público disfrutó de música, danza, títeres y juegos populares.

A través de pancartas y otros materiales se explicó el alcance de la iniciativa: promover un intercambio cultural entre productores y consumidores, cuidando que prevalezcan valores como la solidaridad, aprendizaje mutuo y la reciprocidad; con productos de calidad y a precios más convenientes. La cordialidad de los feriantes, colorido de los productos y el intercambio de experiencias animaron el encuentro campo-ciudad. El público se mostró satisfecho porque, según dijeron varios consultados, quienes vendían sabían explicar el origen, preparación y uso de los alimentos y productos. Estas ferias, que se replicarán con más frecuencia y en espacios locales, son resultado de un tesonero trabajo realizado por pequeños productores del campo, consumidores organizados de la ciudad y varias ONG que promueven la reflexión más amplia sobre la soberanía alimentaria.

Colectivo Agroecológico: democratizar el acceso a los alimentos
El Colectivo está integrado por PROBIO, CEA (Coordinadora Ecuatoriana de Agroecología), UTOPÍA y la RGS (Red de Guardianes de Semillas). En general, los miembros de esta organización comparten el concepto que Cecilia Ponce (PROBIO) tiene sobre la agroecología: “una propuesta que, basada en una relación de respeto y armonía con la naturaleza, integra sistemas de producción, consumo y de distribución, construidos con lógicas, mecanismos y valores diferentes a los del libre mercado”, y el significado de soberanía alimentaria: “es ingerir alimentos que no enfermen, ni contaminen el agua ni al suelo; tener el pan para todos y todas; respetar la tradición, la cultura y la producción campesina; decidir –participativamente y mediante políticas públicas-, lo que deseamos comer; proteger al pequeño productor y revalorar su trabajo; cumplir el derecho humano a una alimentación adecuada y a no padecer hambre”.

Una importante actividad de PROBIO es la certificación participativa a través del cumplimiento de estándares de calidad tomados de organismos internacionales y otros acordados en el grupo. “Los mismos productores solicitan visitas a sus chacras; si es que la Veeduría considera que algún producto no es agroecológico, no recibe la certificación”, explica Ponce.

Javier Carrera (RGS) manifiesta que la Red recupera la memoria histórica sobre las semillas y el conocimiento asociado (uso, cuidado y cultivo). “Encontramos guardianes de semillas en Ecuador y en el Sur de Colombia y los conectamos con una red que potencia su trabajo. La idea es que las semillas ancestrales, nativas y las que llegaron después, no se pierdan y, sobre todo, sean utilizadas por los agricultores y consumidas por la población. Tenemos setenta guardianes y casi 1.000 productores de semillas”. Así han recuperado semillas como las del maíz negro, canguil rosado y el blanco; papa: la chola antigua, cacho de toro, yema de huevo; arroz: gallinazo negro, tres hombres, puyón. Carrera dice que casi todas las plantas que se cultivan comúnmente tienen variedades nativas superiores en lo nutricional y medicinal: “se adaptan mejor al clima y son más resistentes a las plagas; eso disminuye el uso de químicos y mejora la calidad de los productos”, acota.

La CEA también integra este Colectivo y trabaja en el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades locales, para lo cual desarrolla un programa de formación de técnicos y promotores campesinos con el propósito de construir, con ellos, metodologías adecuadas para manejar sustentablemente los “agroecosistemas locales”. De igual forma, el documento fundacional del Colectivo Agroecológico afirma que junto a UTOPÍA funcionan tres programas: Canasta Comunitaria de Riobamba, sesenta familias; Canasta Comunitaria de El Carmen-Quito, ciento diez familias; Canasta Comunitaria de Otavalo, 34 familias. A su vez, conforman la “Red Tierra y Canasta”, y se relacionan con consumidores de otras provincias.

Mediante giras de observación, visitas cruzadas, talleres, fortalecimiento organizacional, mesas de mercados locales, encuentros de socialización y sistematización de experiencias el Colectivo Agroecológico dinamiza la participación de actores locales e incide políticamente para fortalecer el tejido social con los pobres del campo y la ciudad. Estas redes benefician a consumidores y productores: los primeros, porque integran en su dieta productos frescos, sanos y más baratos; los segundos, porque mejoran sus ganancias al evitar a los intermediarios. Gana el país porque construye su identidad alimentaria y culinaria.

Elevar la producción para atender una potencial demanda
Conociendo que el consumidor ecuatoriano prefiere los frutos de semillas ancestrales, para Javier Carrera es fundamental conseguir que éstas ingresen al circuito de comercialización, de modo amplio y sostenido, para que los productos pasen del agricultor al consumidor. Por supuesto, antes habrá que mejorar y ordenar el uso de semillas, pues “quienes controlan el mercado, grandes empresas o pequeños intermediarios, prefieren productos logrados con semillas comerciales, en detrimento de la agroecología”. A pesar de las dificultades, existen iniciativas funcionando, y con muy buenos resultados; ejemplo: las ferias agroecológicas, las experiencias de campesinos en Cañar y Tungurahua, las canastas comunitarias en diversos sectores del país, o la “Cooperativa Zapallo Verde”.

Una vez que se consiga elevar la capacidad productiva y de comercialización de los pequeños productores, el siguiente reto será enlazarlos a programas sociales y/o gubernamentales, especialmente aquellos que trabajan con niños y jóvenes, pues demandan muchos alimentos, son permanentes y disponen de estructuras y ciertas tecnologías instaladas. Ventajosamente, el Colectivo Agroecológico ha acumulado experiencia y establecido una base social que podría facilitarle el asumir desafiantes retos. Actualmente, coordinan acciones con el “Programa Aliméntate Ecuador” para definir mecanismos de mutuo apoyo.

La mencionada y otras alternativas podrían efectivizarse; sin embargo, el Colectivo Agroecológico tiene claro que la implementación de cualquier iniciativa agrícola y productiva tendrá que enmarcarse en lo que ordena la Constitución Política del Ecuador: establecer a la soberanía alimentaria como objetivo estratégico, definiendo al Estado como su principal promotor, pues que la población decida qué sembrar y qué consumir es un tema político. Ahí la importancia del trabajo del Colectivo Agroecológico y de ferias como la realizada el mes anterior.

La explotación de niños y jóvenes campesinos

A diario, niños y jóvenes entre 12-17 años abandonan las comunidades de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi e Imbabura para involucrarse en algún trabajo buscando aportar al sustento familiar. Proceso migratorio que para unos es producido por los mecanismos de reproducción cultural que las comunidades desarrollan para paliar la pobreza. Existe una suerte de “enganchadores” que, aprovechando su experiencia en la ciudad, ubican a hombres y mujeres como peones, empleadas domésticas, en venta de artesanías, mendicidad y otros, por lo cual cobran.

Además de la explotación económica, el estado de indefensión y vulnerabilidad de los jóvenes es una puerta abierta para que se cometan graves abusos y violaciones a sus derechos: acoso sexual, violaciones, embarazos prematuros, trabajos denigrantes y en jornadas de hasta 15 horas, salarios irrisorios, incumplimiento de ofertas, acusaciones temerarias, despidos intempestivos, entre otros. En estas circunstancias desaparece la familia ampliada y prima el afán explotador del “enganchador”. Varios casos de abuso, en nuestro país y fuera de éste, han sido denunciados en los medios de comunicación.

El desarraigo pulveriza los derechos fundamentales, pues los niños y jóvenes abandonan los estudios, no acceden a servicios de salud, sufren afectación psicológica y emocional, enfrentan situaciones de indigencia e inseguridad. Según la Organización Mundial del Trabajo, OIT: “Alrededor de 1,2 millones de niñas-os son víctimas de un tráfico que tiene por objeto utilizarlos como mano de obra barata para realizar trabajos indeseables, peligrosos, extenuantes o que implican alguna forma de explotación sexual.”. UNICEF también expresa su preocupación: “Inmersos en un mundo de ilegalidad y violencia, los niños-as víctimas de tráfico y la explotación sexual, virtualmente desaparecen”.

Si bien se reconoce que la raíz del problema son las deplorables condiciones de vida del campo, también existe un aspecto cultural. Así como algunas comunidades serranas fácilmente alquilan a sus hijos, las amazónicas no lo hacen. ¿Por qué? Porque los valoran de forma diferente. En Ecuador, país con uno de los peores niveles de desigualdad y educación, y con la agudización de la pobreza en el campo, estos mecanismos de sobrevivencia funcionan al filo de la ilegalidad.

Por tanto, es importante abordar el problema participativamente; por un lado, la reglamentación, control y sanción por parte de las mismas comunidades y, por otro, desde el Estado, ejecutando políticas públicas encaminadas a erradicar la pobreza del campo. Puede sonar trillado pero generar oportunidades educativas y productivas ayudará a que niños y jóvenes permanezcan en su comunidad, o salgan mejor preparados para interactuar con otras culturas.

El Código Penal ecuatoriano define la trata como delito, aún con el consentimiento expreso de la víctima. “… el promover, inducir, participar, facilitar o favorecer la captación, traslado, acogida, recepción o entrega de personas recurriendo a la amenaza, violencia, engaño o cualquier otra forma fraudulenta, con fines de explotación ilícita, con o sin fines de lucro.” Para tipificarla considera como explotación a los trabajos o servicios forzados, esclavitud laboral, venta y/o utilización de personas para mendicidad, conflictos armados o reclutamiento para fines delictuosos. Incluye sanciones que van de seis a dieciséis años, según las características del ilícito; sean o no parientes de la víctima. (MCC)

Doll House: personas convertidas en mercancía

Por Marco Cedillo Cobos

A finales de 2008 se produjo el allanamiento del night club Doll House, ubicado al norte de Quito, donde permanecían treinta mujeres jóvenes (entre ellas, 28 colombianas), que eran abusadas sexualmente, explotadas en salario y horario de trabajo, drogadas y sometidas a operaciones quirúrgicas para mejorar su imagen. Se las extorsionaba además con deudas que contraían antes de llegar a Ecuador.

Las jóvenes eran contactadas, en su propia tierra, por los dueños del negocio, quienes les ofrecían trabajo como damas de compañía, vendedoras o promotoras de productos variados, con ingresos mensuales de 1.000-1.500 dólares. Dichos ofrecimientos nunca se cumplieron pues en Ecuador fueron obligadas a prostituirse y tratadas como esclavas. Su turno de trabajo empezaba a las 18:00 y terminaba a las 06:00, pero cuando había gran demanda alargaban la jornada hasta las 11:00. Para que resistan, eran obligadas a consumir drogas y alcohol.

Lo que más dinero restaba a las jóvenes era el sistema de multas. Se les chequeaba el cuidado de las uñas, la presentación personal y el uso adecuado del uniforme. Y si algún cliente demostraba inconformidad o se quejaba del servicio recibido, se les aplicaba fuertes multas que afectaban a su ingreso mensual. El local cobraba 240 dólares por relación sexual y a ellas se les entregaba a fin de mes apenas 600 dólares, cuando –según la investigación- debían recibir más de 5 mil dólares.

En uno de los tantos intentos, dos de ellas escaparon y denunciaron el caso. Realizadas las investigaciones, la Policía allanó el local, confirmó la versión de las dos jóvenes, liberó a las detenidas y capturó a siete ecuatorianos y a un cubano: Luis Arévalo Duarte (propietario y administrador), Luis Falcón Masabanda (chofer), Édgar Falcón Masabanda (cobraba los cheques para pagar al personal), Ernesto Domínguez Guiraldo (jefe de seguridad), Martha Almeida Garzón (contadora) y a los guardias Vicente Caicedo Moreira, Jorge Simbaña Bedoya y Luz Guerrero López.

La Vicealcaldesa de Quito, Margarita Carranco, denunció el hecho; impulsó la clausura del local y el retiro del permiso de uso de suelo, pero a los pocos días -rompiendo los sellos de clausura (de la Intendencia y municipales)- el prostíbulo reabrió las puertas. Esto, a pesar de que el artículo 18 de la Ordenanza metropolitana (amparado en la Constitución ecuatoriana y en instrumentos internacionales) ordena suspender definitivamente el funcionamiento de todo establecimiento donde se detectare explotación sexual a menores de edad. “… Para el efecto, la autoridad competente procederá a su clausura definitiva y los Comisarios de cada Administración Zonal deberán vigilar que la sanción emitida a estos establecimientos no sea violada”. Entonces, ¿por qué lo reabren? ¿Quiénes están detrás de estos negocios? ¿Qué influencia tienen?, son algunas inquietudes que Javier Jiménez, Concejal de Quito, nos ayuda a entender.

¿Cómo llegaron las jóvenes?
Seguramente les ofrecieron un empleo y terminaron siendo explotadas y abusadas sexualmente. Ellas no solo atendían a los clientes sino que también eran abusadas por los propietarios o empleados.

La liberación, ¿cómo se da?
Dos jóvenes logran huir y denuncian. Ahí toma procedimiento la DINAPEN. Como Municipio de Quito, se procede a inspeccionar y verificar si se encontraban en la situación denunciada. El Municipio apoyó el cierre del centro porque el Código de la Niñez y Adolescencia así lo establece, y la ordenanza también.

¿Se confirmó que las chicas eran drogadas y con qué tipo de drogas?
Las 19 jóvenes aseguraron que fueron drogadas, que permanecían en trance todo el tiempo. Es una característica del trato de estas redes: sacarlas de la realidad para explotarlas y abusarlas más. Una vez que se apliquen los exámenes toxicológicos respectivos, la Fiscalía determinará el tipo de droga utilizado, pero sabemos que eran obligadas a consumir “éxtasis”, y parece que también cocaína por los vestigios encontrados en el local.

¿Ellas volvieron a su país?
A través del Consulado de Ipiales, 27 de ellas regresaron a Colombia y dos están bajo la Unidad de Protección de Testigos.

Al tratarse de extranjeras, ¿podrían emprender acciones legales?
Podrían. Si se consigue identificar a los integrantes de esta red de trata, el Fiscal ecuatoriano podría solicitar ayuda al de Colombia. No hay impedimento.

¿Qué tipo de gente va al Doll House?
Banqueros, políticos, gente de dinero y con poder, empresarios, gerentes. Claro, es que ofrece servicio ejecutivo. Bastaba que el cliente llame y el local le tenía lista la chica, sin importar a la hora que fuera. Estamos hablando de clientes de clase media y alta. Lo que se deduce por los altos costos del servicio.

¿Se podría hablar de redes internacionales?
Son redes que funcionan en todo el mundo. La trata maneja miles de millones de dólares. Es como el negocio de la droga, más o menos. Se conoce de redes que trafican con mujeres tailandesas, taiwanesas, vietnamitas. Esta es una de las nuevas formas de esclavitud modernas.

¿Se ha determinado la participación de alguna autoridad?
No. Ninguna de las chicas ha confirmado eso. Ha sido difícil establecer esta información, pero aseguran que sus clientes eran personas de mucho dinero.

¿Cómo reaccionaron los dueños al operativo?
Presentaron los permisos que se les había otorgado, pero se comprobó que estaban dedicándose a actividades distintas a las que fueron autorizados.

¿Cómo se está enfrentando el caso?
Tenemos la participación del Municipio de Quito, de la Función Judicial, de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo y otros actores e instancias más como la DINAPEN.

¿Quiénes otorgaron los permisos?
El de uso de suelo lo otorga el Municipio; la Intendencia autoriza la actividad. La Policía Nacional debía conocer la entrada de las jóvenes y lo que estaban haciendo aquí, etc.

¿Qué dice el permiso de funcionamiento otorgado por el Municipio?
Ellos pidieron permiso de uso de suelo para funcionar como restaurante pero se dedicaron a otras cosas; es decir, engañaron a la institución y autoridad municipal, lo que constituye un agravante.

¿El Municipio ha hecho seguimiento al permiso de uso de suelo?
Sí, pero en estos casos la competencia es de la Intendencia. El Municipio retiró el permiso pero ellos (Doll House) rompieron los sellos, fueron a la justicia a través de un recurso extraordinario de protección y dejaron en suspenso las medidas administrativas. Así constatamos la existencia de un vacío jurídico que no respalda las acciones del Municipio.

¿Qué pasó después del operativo?
El Municipio dio protección a las personas en lo sicológico, médico y legal. Luego se organizó una Veeduría con gente que está trabajando en el tema desde hace mucho tiempo.

¿Los detenidos siguen presos?
Cuatro de estas personas están libres porque los jueces decidieron que esta causa no ameritaba la prisión preventiva, pero la instrucción fiscal continúa.

¿En qué estado está el juicio?
Se abrió la instrucción fiscal que dura noventa días, proceso en el cual se hace todo tipo de diligencias y se recoge los elementos de convicción para llamarles a juicio. Al no existir orden de prisión preventiva no se requiere el conocimiento de un juzgado de lo penal. Según la Ley y el Código de Procedimiento Penal, el Fiscal debe impulsar el proceso investigativo para determinar responsabilidades. Hoy la trata es penada.